Países de la Unión Europea impulsan cambios para “liberar el pleno potencial” del mercado único

Un grupo de veinte Estados miembro de la Unión Europea pidieron este viernes a la futura Comisión Europea que trabaje para simplificar y armonizar el mercado único comunitario para “eliminar la fragmentación y la complejidad regulatoria” y favorecer la “calidad” normativa frente a la “cantidad”.

“Se debe dar prioridad a la simplificación y armonización de las normativas de la UE, así como, donde sea factible, a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo”, dice un texto difundido por Luxemburgo y apoyado por Austria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia.

El documento de reflexión pide que se refuerce el mercado único para mejorar “las condiciones para hacer negocios” en el territorio comunitario y fortalecer la “competitividad global de la UE”, apelando a los informes recientemente publicados por los exministros italianos Enrico Letta y Mario Draghi, que abogaba por liberar el “pleno potencial” del mercado único, recuerdan los firmantes.

En ese contexto, piden a la futura Comisión Europea, presidida de nuevo por la alemana Ursula von der Leyen, que en la futura Estrategia Horizontal del Mercado Único, que la Comisión debería publicar antes de junio de 2025, fije “acciones concretas a corto y medio plazo para facilitar el comercio transfronterizo”.

Los veinte países firmantes subrayan la importancia de reforzar la libertad de movimiento “especialmente en las áreas de bienes y servicios, donde aún existe una fragmentación y divergencia significativa entre las normativas nacionales”.

“Esperamos que la Estrategia del Mercado Único incluya una hoja de ruta específica para los servicios, con plazos y hitos para acciones urgentes y concretas”, señalan los Estados miembro que suscriben el planteamiento, que piden específicamente “una acción dirigida en este ámbito eliminará obstáculos para las actividades transfronterizas”.

Reclaman también “la aplicación uniforme y la ejecución robusta de las normativas” comunitarias y “garantizar el acceso equitativo al mercado único a través de una mejor conectividad”.

Además, sostiene que “mantener estos principios ayudará a eliminar la fragmentación y la complejidad regulatoria para las empresas, reducirá los costos de cumplimiento y, por lo tanto, aumentará la competitividad, ayudando a la UE a alcanzar sus ambiciosos objetivos”.

La Unión Europea y China buscan una solución a los aranceles impuestos a los autos eléctricos tras una reunión entre el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Valdis Dombrovskis, y el ministro de Comercio chino, Wang Wentao.

En el encuentro, Dombrovskis defendió la investigación de Bruselas que llevó a la aplicación provisional de estos aranceles, destacando que esta medida se basa en hechos y cumple con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según un comunicado de la CE.

Ambas partes acordaron intensificar esfuerzos para encontrar una solución mutuamente acordada, manteniendo abiertos los canales de comunicación a nivel ministerial. Dombrovskis aseguró que el mercado comunitario seguirá abierto a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, ya que el objetivo de la UE es compensar únicamente las subvenciones identificadas para garantizar una competencia leal.

Los países de la UE se encuentran divididos sobre la conveniencia de los aranceles, y se espera que se pronuncien sobre la medida en una votación vinculante el 30 de septiembre.

Francia e Italia lideran a quienes apoyan la implementación de los aranceles, mientras que España, bajo la dirección de Pedro Sánchez, ha pedido a Bruselas que reconsidere su posición en coordinación con Alemania.

En una votación no vinculante a mediados de julio, España se alineó con los países a favor de la medida, mientras que otros, como Alemania y varios países del este europeo, se abstuvieron o votaron en contra.

Dombrovskis también expresó las crecientes preocupaciones de la UE sobre el papel de China en la guerra contra Ucrania, en particular respecto a la evasión de las sanciones impuestas a Rusia. Si no se alcanza un acuerdo antes de la votación, los aranceles podrían entrar en vigor por un máximo de cinco años, a menos que al menos 15 países de la UE, representando el 65% de su población, se opongan.