Nueva normativa simplifica comercialización de granos y apunta a mejorar su competitividad

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) implementó la Resolución General 5558/2024, una normativa que busca optimizar la emisión de comprobantes en las operaciones de compraventa de granos no destinados a la siembra, una medida que podría tener un impacto significativo en el comercio exterior argentino.

Esta resolución, que entrará en vigencia el 4 de septiembre de 2024, modifica el régimen actual con el fin de simplificar los procesos administrativos y fortalecer la transparencia en la cadena de comercialización, un factor clave para mejorar la competitividad de los granos argentinos en los mercados internacionales.

La Resolución General 5558/2024 introduce cambios importantes al sustituir el requisito de inscripción en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial (RUCA) por la obligatoriedad de estar registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Este sistema, diseñado para centralizar y simplificar la información, se convierte ahora en un pilar fundamental para asegurar que las operaciones comerciales de granos sean más eficientes y estén mejor reguladas.

El principal objetivo de esta normativa es aumentar la trazabilidad y transparencia en la cadena de comercialización de granos, factores que son cruciales para garantizar la calidad y confiabilidad de los productos agrícolas argentinos en el mercado global. La inscripción en el SISA, que ahora es obligatoria para todos los operadores involucrados en la emisión de la Liquidación Primaria de Granos, permite una fiscalización más efectiva y una mayor confianza por parte de los compradores internacionales.

Al centralizar la información de los operadores en el SISA, la AFIP no solo simplifica los procesos internos, sino que también facilita el acceso a datos relevantes para todas las entidades involucradas en la regulación del sector, incluyendo el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Esta coordinación interinstitucional es esencial para asegurar que los productos exportados cumplan con los estándares internacionales de calidad y sanidad, requisitos indispensables para mantener y expandir la presencia de los productos argentinos en el exterior.

La exportación de granos es un motor vital para la economía argentina, y cualquier mejora en la eficiencia de la comercialización interna tiene un impacto potencial en el volumen y valor de las exportaciones. Con la implementación de esta nueva normativa, se espera que el sector agrícola pueda operar con mayor agilidad, reduciendo los costos y tiempos asociados con la emisión de comprobantes y aumentando la competitividad de los granos argentinos en el mercado global.

La mayor transparencia y control que ofrece el SISA también podría resultar en un aumento de la confianza de los compradores internacionales, lo que es fundamental en un contexto global donde la seguridad alimentaria y la trazabilidad de los productos son cada vez más valoradas. Esta confianza podría traducirse en una mayor demanda de granos argentinos en el exterior, impulsando así las exportaciones y, en consecuencia, la entrada de divisas al país.

En resumen, esta normativa no solo tiene el potencial de mejorar la eficiencia interna del sector, sino que también podría ser un catalizador para un mayor crecimiento en el comercio exterior, asegurando que los granos argentinos sigan siendo un pilar fundamental en la economía del país y en su relación comercial con el mundo.

Hace un mes, en el mismo sentido de simplificar procesos burocráticos y fomentar la competitividad del comercio agroindustrial, el Ministerio de Economía de Argentina implementó un cambio significativo al derogar la obligatoriedad de inscripción de los compradores de granos y sus derivados para consumo propio en el RUCA.

Esta medida, anunciada a través de la Resolución 69/2024, apuntó a agilizar los trámites y eliminar la duplicación de registros que afectaba a los operadores del sector.

La Resolución 69/2024 estableció un período de transición de treinta días hábiles a partir de su publicación en el Boletín Oficial, durante el cual los operadores deben adaptar sus procedimientos a la nueva normativa. Este plazo tuvo como finalidad asegurar una implementación ordenada y efectiva de los cambios propuestos, permitiendo a las entidades involucradas receptar y procesar las modificaciones necesarias.