Responsabilidad penal cambiaria y otras complejidades del comercio exterior

La falta de claridad normativa y los cambios de enfoque que trae consigo cada nueva administración pública, potencian las dificultades que enfrentan los profesionales del sector, inmersos en el difícil contexto económico argentino.

La cuestión de las divisas es fundamental para Argentina, ya que el país necesita dólares de manera recurrente, especialmente para cumplir con compromisos internacionales, como el pago de deudas, tal como ocurre actualmente.

Además, es razonable que una multinacional desee remitir dividendos al exterior, aunque esto se complica en épocas de controles cambiarios más estrictos.

Por otro lado, en nuestro país el dólar juega también un rol central porque los argentinos lo utilizan como moneda de reserva y también para comerciar internamente, dado que el peso se devalúa de manera constante. Por esta razón, tanto las empresas como las personas demandan dólares de forma continua.

En cuanto al comercio internacional está interconectado con el Estado, ya que es precisamente el sector que genera las divisas para el país. Y aquí es donde surge una tensión clave, entre el sector exportador y el control del Estado, que le exige liquidar esos dólares a cambio de pesos. Especialmente en épocas de brecha cambiaria, esto genera un problema central, relacionado con la tasa de cambio que se aplica, creando fricciones con los exportadores.

El Estado necesita hacerse de esos dólares para satisfacer no solo la demanda interna estructural del país, sino también para cumplir con los compromisos internacionales. Argentina no produce dólares ni los emite; la obtención de divisas proviene de sectores estratégicos como el agro y la vitivinicultura, que generan ingresos importantes en moneda extranjera.

Esta problemática no es reciente, sino que atraviesa la historia de la República Argentina.

De hecho, la primera normativa relacionada con restricciones para el pago de importaciones al exterior se remonta al gobierno de Uriburu en 1931, y la primera restricción específica para el pago de importaciones al exterior fue implementada en 1934.

Esto muestra que las dificultades para que los importadores accedan al dólar oficial y paguen sus importaciones sin problemas no son una tarea sencilla.

Además, Argentina enfrenta un problema estructural: cada vez que la economía crece, las importaciones aumentan tres veces más, lo que lleva a un estrangulamiento del sector externo y a la necesidad de mantener el control de cambios.

Ser Gerente de Comercio Exterior en la República Argentina durante períodos de controles cambiarios es una “profesión de alto riesgo”, ya que implica responsabilidad penal cambiaria.

La ley penal cambiaria es una legislación que se complementa con las normativas emitidas por el Banco Central, y el secreto para una buena defensa no radica únicamente en el conocimiento del ámbito penal, sino también en comprender a fondo las normativas del Banco Central y su interpretación.

Como abogada especializada, asesoro a numerosas empresas nacionales, multinacionales y empresarios de primera línea en Argentina ya que, a menudo, estas figuras enfrentan problemáticas que pueden surgir inadvertidamente.

En este sentido, existe una paradoja en cómo ha cambiado el enfoque sobre quién es el objetivo de las regulaciones, debido a que con cada nuevo presidente del Banco Central se aplican diferentes directrices.

Por eso, las normas deben ser claras para saber qué conductas están bien o mal, no puede haber zonas grises que den lugar a arbitrariedades. Hay casos muy paradójicos en los que algunos bancos ejercieron controles, verificaron pagos anticipados de importaciones, el dinero salió y los bienes ingresaron en tiempo y forma a la Argentina, pero, aun así, esos bancos hoy enfrentan sumarios por esas operaciones.

Es fundamental corregir estas distorsiones del mercado porque afectan la seguridad jurídica. Lo más problemático es tener que lidiar con instrucciones que a veces son verbales y provienen del Banco Central, o interpretaciones que no aparecen por escrito.

Creo firmemente en la digitalización del comercio internacional. Estoy convencida de que es un camino inevitable que beneficiará enormemente a Argentina. La trazabilidad de las operaciones, que ya se está imponiendo desde el exterior, será clave para acceder a ciertos mercados y, eventualmente, se requerirá demostrar la trazabilidad completa de un producto para poder exportarlo.

Esto no solo es crucial para la eficiencia, sino que también reduciría significativamente los costos al disminuir el uso de papel, que tiene un impacto altísimo tanto en Argentina como en el mundo.

Vale aclarar que el mundo está todavía en una etapa de prueba en cuanto a la digitalización completa del comercio, si bien se han logrado avances importantes en algunas legislaciones internacionales. Argentina, por su parte, debería considerar si es necesario adaptar su legislación actual para facilitar esta transición, aunque con lo que ya tenemos podría ser posible avanzar.