Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei delegó en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente del Ministerio de Economía, la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la licitación pública nacional e internacional por el régimen de concesión por peaje de la Vía Navegable Troncal (VNT), más conocida como hidrovía Paraná-Paraguay.
Según consta en el decreto, la licitación para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la vía fluvial podrá hacerse dividiendo los contratos “en tantos tramos o actividades como resulte técnicamente conveniente”.
La vía a entregar en concesión va desde el kilómetro 1.238 del río Paraná, en su confluencia con el río Paraguay, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata exterior.
La VNT, de 1.635 kilómetros, constituye el cauce de salida al Atlántico del 80% de las exportaciones argentinas, principalmente granos y derivados.
Por ese sistema se transportan cargas provenientes no solo de Argentina sino también de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, países todos que en 1992 firmaron un acuerdo para facilitar la navegación y el transporte comercial en la hidrovía.
La concesión de la hidrovía estuvo por 25 años en manos de un consorcio privado integrado por una firma belga y una argentina hasta que, en septiembre de 2021, tras caducar el contrato, el Estado argentino, a través de la Administración General de Puertos (AGP), se hizo cargo de la administración de la VNT.
El decreto publicado este viernes ordena que la AGP mantenga el actual nivel de prestación del servicio y cobre el peaje hasta tanto tome posesión quien o quienes resulten adjudicatarios de la licitación.
Vías navegables: actividades vinculadas a su gestión fueron declaradas como servicios públicos
Esta misma semana, mediante la publicación del Decreto 699/2024, el Gobierno Nacional argentino introdujo cambios significativos en la gestión de las vías navegables del país, al declararlas como servicio público y reasignando responsabilidades clave a nivel estatal.
Con ese decreto, el Gobierno determinó que las actividades de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables pasan a ser de interés público. Esta declaración asegura la continuidad y eficiencia de las operaciones esenciales para la navegación, reforzando la protección de la competencia y evitando distorsiones en el mercado. Además, esta nueva condición garantiza la calidad de los servicios prestados, fundamentales para el desarrollo económico regional y nacional.
Según se sostiene en el texto publicado, el transporte fluvial en Argentina es un componente esencial de la economía nacional, facilitando el comercio tanto interno como internacional. En ese sentido, la medida busca fortalecer la infraestructura fluvial y mejorar la eficiencia del transporte marítimo del país.
Una de las piezas clave del entramado fluvial de Argentina es la Hidrovía Paraguay-Paraná. Esta vía es alcanzada por la norma determinada por el Gobierno y es una vía marítima crucial para el transporte de mercancías a lo largo de los ríos Paraguay y Paraná, conectando el país con importantes mercados internacionales.
Además de la declaración de interés público, el decreto publicado el pasado martes, y firmado por el presidente Javier Milei, determina otras acciones como la disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, un organismo creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 556/21, que no logró cumplir con sus objetivos. La eliminación de este ente se justifica como parte de un esfuerzo por racionalizar las estructuras estatales y reducir el gasto público, mejorando la eficiencia administrativa.