Aumento de combustibles: su impacto en la logística y el comercio exterior argentino

El Decreto 681/2024, publicado este jueves, establece nuevas medidas fiscales sobre los combustibles en Argentina, lo que tendrá implicaciones significativas para la logística y el comercio exterior. La normativa entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

El decreto aborda cambios en los impuestos a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, que son esenciales para las operaciones logísticas y el transporte de mercancías.

Los impuestos sobre los combustibles líquidos se incrementarán en $10,949 para la nafta sin plomo y virgen, mientras que el gasoil verá un aumento de $8,788. Estos ajustes también contemplan un incremento específico para el gasoil en áreas designadas, lo cual afecta su consumo en varias provincias del sur argentino, incluyendo Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

El decreto también hace referencia al papel de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que tiene la responsabilidad de actualizar trimestralmente estos montos impositivos, usando como referencia las variaciones del IPC provistas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El gasoil es el insumo de mayor gravitación para el transporte de cargas en los costos de media y larga distancia. Por lo que, para el sector de la logística, estos cambios en la estructura de costos pueden traducirse en un aumento en los precios del transporte, impactando directamente en las cadenas de suministro y la competitividad de los productos argentinos en el exterior.

En ese marco, las empresas de transporte y logística seguramente buscarán ajustar sus estrategias operativas para mitigar el impacto de estos costos adicionales, que también podrían influir en el precio final de las exportaciones.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) también emitió la Resolución General 5538/2024, la cual establece nuevas disposiciones sobre el régimen de garantías en el comercio exterior. Este cambio busca facilitar a los operadores aduaneros, importadores y exportadores el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en un contexto económico complejo.

La resolución hace referencia al Código Aduanero, que detalla los requisitos que deben cumplir los auxiliares del comercio, importadores y exportadores. Específicamente, regula el régimen de garantía, que es fundamental para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los operadores.

Previamente, la Resolución General N° 2.570 y sus modificatorias establecen las pautas para determinar la solvencia económica de los operadores de comercio exterior, un aspecto crítico para garantizar la fiabilidad de las transacciones internacionales.

Además, la Resolución General N° 3.885, sus modificatorias y complementarias, regula las garantías de actuación, asegurando que estas sean satisfactorias para la AFIP.

En una medida reciente, la Resolución General N° 5.516 extendió el plazo para la presentación y pago de las declaraciones juradas de impuestos a las ganancias, sobre los bienes personales y cedular, del período fiscal 2023. Esta extensión busca aliviar la carga administrativa y facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

En este contexto, la Resolución General 5538/2024 establece una prórroga hasta el 6 de diciembre de 2024 para la vigencia de la solvencia acreditada por los operadores de comercio exterior inscritos en los registros especiales aduaneros, cuyo vencimiento estaba previsto para el 31 de julio. Esta prórroga permite que los operadores presenten las garantías de actuación necesarias hasta la nueva fecha límite, asegurando así la continuidad de sus actividades.

Este cambio, anunciado por la administradora federal Florencia Lucila Misrahi, refleja el compromiso de la AFIP de adaptar sus normativas a las necesidades actuales del comercio exterior, promoviendo un entorno fiscal más flexible y acorde con la realidad económica del país.