Transporte marítimo: Unión Europea debate equilibrio entre sustentabilidad y competitividad

“El efecto, obviamente, sería perverso, porque perderíamos tráfico en nuestros puertos sin con ello evitar las emisiones” y “el barco que se ubique en otro puerto para hacer sus tránsitos, es muy probable que no lo recuperemos”, dijo el ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, a su llegada a un consejo de ministros de Transportes de la UE en Luxemburgo.

Las embarcaciones que cubren rutas dentro de la Unión Europea deben pagar el 100% del CO2 emitido, según el precio de mercado que proyecte el ETS y los que llegan a la UE desde otras jurisdicciones deben pagar el 50 %.

El peligro que detectan España y los otros nueve países firmantes es que los transportistas trasladen sus operaciones a puertos no comunitarios de Argelia, Marruecos o el Reino Unido, así como a Noruega e Islandia (que no son miembros de la UE pero sí del Espacio Económico Europeo y eventualmente tendrán que adaptarse a la normativa comunitaria) o incluso a los puertos de Rusia, si un día cambia la situación geopolítica.

La Comisión Europea pide paciencia a España y a los otros nueve países que reclaman una revisión urgente del modernizado sistema ETS para el transporte marítimo ante la posible pérdida de competitividad de los puertos comunitarios.

“Llevamos solamente cinco meses aplicando el ETS” en su versión actualizada y “puede ser demasiado pronto para llegar a conclusiones”, dijo la directora genera del Transportes de la Comisión Europea, Magda Kopczynska, en un debate de ministros de Transportes de los países de la Unión Europea celebrado en Luxemburgo.

Por su parte, desde España explican que un carguero que viaja de Shanghái a Algeciras recorre unas 10.300 millas náuticas y debería pagar el 50% del CO2 que emita. Pero la normativa comunitaria vigente de ETS, actualizada en 2022, no impide que el buque atraque primero en Marruecos, sin tasa de emisiones, redistribuya los contenedores en barcos más pequeños y que estos paguen sólo por el CO2 emitido en esas últimas 15 millas náuticas de trayecto para llegar a Algeciras.

El siguiente paso que sugiere Madrid es elevar el problema a la Organización Marítima Internacional (OMI) para que todo el tráfico de mercancías en el planeta pague impuestos climáticos, pues España no cuestiona “la necesidad de gravar las emisiones” y considera que el compromiso medioambiental debe ser “muy contundente, muy claro, muy fuerte”.

De inicio, España cree necesario disponer de un “análisis detallado y exhaustivo de los datos de los puertos en los que se puede producir esa fuga de carbono y de qué puertos potencialmente van a recibir esos tráficos”, con vistas a adelantar la revisión de la normativa prevista para 2026, que implicaría cambios hacia 2028.

Por otro lado, en este momento, el mercado está “distorsionado” porque los puertos españoles están en un momento “de gran crecimiento y de crecimiento súbito” de hasta el 40% debido a que están absorbiendo trayectos que evitan el mar Rojo por la situación en Ucrania y privilegian rutas por el cabo de Buena Esperanza en el sur de África.

“Lo importante es de dónde viene el contenedor, qué recorrido ha hecho, qué pago de emisiones ha realizado en el camino y, por tanto, un cálculo y grabar esas emisiones. Creo que esa es la clave. Y por tanto, de ahí, sin absolutamente apartarnos del compromiso de descarbonización, creemos que el diseño, probablemente, del impuesto, deba ser repensado”, agregó Puente.