Gobierno exhibe “mafia electoral” que operó 27 años en el INE: buscan crear comité interdisciplinario para la compra de material electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, en donde un grupo interdisciplinario pueda participar para que el material electoral se fortalezca y deje de dependerse de empresas privadas, en un contexto en el que el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta investigaciones por irregularidades en contratos.

Este anuncio se da durante una presentación en la conferencia de prensa matutina de este jueves 5 de noviembre, donde la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una investigación sobre el monopolio empresarial —como lo ha denominado la presidenta— que tiene al menos 27 años de historia en contrataciones con el INE.

Claudia Sheinbaum explicó que solicitó dicha investigación en cuanto salieron a la luz presuntas irregularidades en contratos por materiales electorales entre el INE y una empresa asociada con Guadalupe Taddei, entonces consejera presidenta del órgano electoral, quien tuvo que renunciar tras los escándalos de corrupción.

Los hechos llevaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a iniciar una investigación de oficio para determinar el estatus de los contratos y destaparon una red de empresas fachada vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas acumuló contratos electorales por 2,740.3 millones de pesos con organismos públicos locales electorales (OPLEs) de México entre 2015 y 2025.

Red de empresas fantasma comenzó en el Edomex pero obtuvo contratos millonarios

Raquel Buenrostro explicó que la red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo Hernández Casillas y Raimundo Hernández Casillas —cuyos nombres tomaron relevancia tras el escándalo de Guadalupe Taddei— cuenta con antecedentes de al menos 27 años en contrataciones con el INE.

La trayectoria de ambos hermanos arrancó en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en los años ochenta. José Alfredo trabajó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, mientras que Raymundo se desempeñaba en el área de Recursos Financieros y Materiales.

Cuando Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en 1989 —bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con Fernando Gutiérrez Barrios en Gobernación y Jorge Carrillo Olea al frente del CISEN—, ambos hermanos lo siguieron: José Alfredo como secretario particular y Raymundo en el área de Investigaciones.

La secretaria explicó que, después de la salida de Padilla Aguilar hacia el Estado de México, los hermanos se convirtieron en empresarios. En 1999, una de sus compañías, Cartonera Plástica, comenzó a participar como proveedora de material electoral en esa entidad. Es ahí donde se remonta la historia de corrupción y de tráfico de influencias destapado apenas hace unas semanas y que desde entonces ha ocupado el espacio en varias mañaneras, pero que, sin embargo, no es para nada nuevo.

En 2005, Cartonera Plástica obtuvo del Instituto Electoral del Estado de México 63.7 millones de pesos para suministrar material electoral. Ese proceso derivó en un escándalo por presuntos sobornos en la adjudicación que terminó con la renuncia de los siete consejeros electorales del Estado de México.

Contratos por más de dos millones desde 2014

El salto de escala llegó con la reforma electoral de 2012-2013, que transfirió al Consejo General del INE —presidido en ese entonces por Lorenzo Córdova— la facultad de designar a los consejeros de los 32 órganos electorales locales. Fue durante ese periodo cuando, en su momento, Guadalupe Taddei fue nombrada para encabezar el OPLE de Sinaloa y donde inició su carrera en el INE.

Esa centralización, combinada con lo que el gobierno federal describió como omisiones de supervisión y ausencia de lineamientos claros de contratación, abrió la puerta al periodo de mayor concentración de contratos.

Entre 2015 y 2023, 23 de los 32 OPLEs asignaron contratos por 2,094 millones de pesos a la red. Veracruz encabeza la lista con 570.4 millones, seguido por Nuevo León con 314.2 millones e Hidalgo con 203.6 millones. La aceleración es visible en los datos anuales: el año 2021 registró el pico más alto del periodo, con 908 millones de pesos adjudicados.

Entre 2024 y 2025, 15 de los 32 OPLEs otorgaron contratos adicionales por 646.3 millones de pesos a la misma red. Puebla lideró ese ciclo con 129.7 millones, Jalisco aportó 102.2 millones y Baja California, 76.6 millones. Entre las empresas mencionadas estuvieron Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández, todas propiedad de la familia Casillas.

Así operaban las empresas fantasma en el INE

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo durante su exposición que las compañías ligadas a esta red participaban en procedimientos de contratación como aparentes competidoras, aunque los beneficios económicos terminaban en las mismas personas.

“Todas las empresas, aunque participaban muchas empresas en teoría, pues al final el beneficiario final eran los mismos hermanos Casillas en todos los casos”, afirmó.

Detalló que varias de las empresas compartían domicilios y números telefónicos, no declaraban empleados o capacidad técnica y dispersaban recursos a otras sociedades y personas físicas. Buenrostro señaló que en las rutas financieras aparecen personas de 18 y 96 años, quienes podrían corresponder a prestanombres o casos de robo de identidad.

La funcionaria afirmó que las características detectadas son compatibles con esquemas de empresas fachada, facturación simulada y presunto lavado de dinero. Añadió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantienen investigaciones sobre algunas de las compañías.