Alerta por riesgo de colapso de torres de lujo irregulares construidas a orilla del mar en San Pancho, Nayarit

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió a las construcciones irregulares de lujo en San Pancho, Nayarit, ante el riesgo de colapso que presentan los inmuebles tras los daños provocados por huracanes y tormentas, una situación que obligó a las autoridades a realizar una reunión extraordinaria para determinar las acciones de emergencia.

La dependencia informó que mantiene presencia en el sitio y que acompañará los protocolos que establezca Protección Civil, con prioridad en la protección de la vida, la salud y la integridad de las personas. También señaló que buscará que las medidas que se implementen tengan el menor impacto ambiental posible.

Roberto Medrano, delegado de la Profepa en Nayarit, explicó que la reunión de emergencia respondió a una falla estructural más grave en el inmueble, por lo que las autoridades deben determinar las acciones más eficaces para atender la contingencia.

“Se presentó una falla estructural más seria, por lo cual la reunión fue de emergencia, con el fin de determinar las acciones correspondientes y que sean de manera emergente las más eficaces para atender este tema”, precisó.

De acuerdo con los peritajes preliminares, dos de las torres ubicadas frente al mar presentan los daños más severos, mientras que un tercer módulo conserva mejores condiciones físicas.

La gravedad del deterioro mantiene la atención de las autoridades sobre la estabilidad de las estructuras y las medidas necesarias para evitar riesgos a las personas, al tiempo que se busca contener posibles afectaciones al entorno natural de esta zona costera.

Profepa mantiene vigilancia por daños en construcciones irregulares

El caso de las torres de lujo en San Pancho tiene antecedentes legales y ambientales. Las construcciones fueron objeto de una resolución judicial favorable a la Profepa, mediante la cual se ordenó su derribo y la restitución del entorno natural.

La empresa Pacific Lifestyle Properties fue sancionada por las irregularidades relacionadas con el uso de terrenos federales y las obras realizadas en un espacio que debía conservarse en condiciones naturales.

Ahora, el deterioro estructural de los inmuebles añade un nuevo elemento al conflicto, debido a la necesidad de atender la emergencia sin perder de vista las obligaciones ambientales establecidas en el procedimiento legal.

La Profepa indicó que continuará presente para respaldar las acciones que determinen las autoridades competentes. La intervención de Protección Civil resulta fundamental para establecer los protocolos de seguridad ante el riesgo que representan las estructuras dañadas.

¿Cómo comenzó el conflicto por las torres de San Pancho?

El origen del caso se remonta al 13 de agosto de 2009, cuando la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a la empresa un título de concesión sobre una superficie de mil 469.92 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre o terrenos ganados al mar.

Entre las condiciones de esa concesión se estableció que el área debía mantenerse en estado natural, sin que el permiso autorizara transformar el espacio en un desarrollo inmobiliario contrario a esa disposición.

Posteriormente, el 26 de marzo de 2014, una resolución administrativa modificó el título de concesión para ampliar la superficie a 2 mil 534.003 metros cuadrados, correspondientes a terrenos ganados al mar.

Las obras realizadas en el lugar derivaron en un procedimiento administrativo y judicial que concluyó con una sentencia favorable a la Profepa, la cual ordenó el derribo de las construcciones y la restitución del entorno natural.

La resolución representa un antecedente central en el caso, pues establece las medidas que deben cumplirse respecto de los inmuebles y la recuperación ambiental del espacio intervenido.

Emergencia y restauración ambiental, los retos en San Pancho

Las condiciones de los edificios, particularmente de los dos módulos más afectados por los fenómenos meteorológicos, obligan a evaluar las medidas necesarias para reducir los riesgos asociados con un posible colapso.

En paralelo, permanece vigente el antecedente judicial que ordena retirar las construcciones irregulares y restituir el entorno natural.

La Profepa reiteró que continuará acompañando las acciones que definan las autoridades de Protección Civil, con el objetivo de que la respuesta a la emergencia privilegie la seguridad de las personas y considere la protección ambiental.