Policía de Jalisco llama a la sociedad civil y académicos a pulir protocolos de actuación tras represión en marcha por agua limpia

La Secretaría de Seguridad del Estado (SSE) de Jalisco convocó a legisladores, académicos, organizaciones civiles y especialistas en seguridad y derechos humanos a participar en la revisión de los protocolos de actuación policial. El llamado surge después de los enfrentamientos registrados el 11 de octubre frente a Casa Jalisco, durante una manifestación que exigía agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

La corporación afirmó que esta convocatoria busca abrir un espacio de diálogo y estudio que permita evitar que situaciones similares se repitan.

Juan Pablo Hernández González, titular de la SSE, reconoció durante conferencia de prensa que el actuar de varios policías durante la movilización no fueron las adecuadas y se comprometió a que ninguno de los actos de abuso queden impunes.

“Lamentablemente, algunos de los oficiales olvidaron su deber y actuaron de forma impulsiva. Son fallas que asumimos los que estamos aquí presentes, quienes damos hoy la cara”, afirmó Hernández.

Además, dijo que tras los hechos se encuentran en un buen momento para pulir el modelo de actuación policial para evitar nuevos actos de abuso de autoridad durante manifestaciones.

“Tenemos una gran área de oportunidad, entendemos que para lograr esa armonía necesitamos estar todas y todos trabajando, en equipo y con una sola visión: cuidar a las y los jaliscienses”, aseguró.

Tras los hechos, Hernández explicó que se llevó a cabo una investigación que permitió identificar a 17 policías que estarían involucrados en actos de uso indebido de la fuerza y fuera de protocolos durante la manifestación, por lo que se les llamó a declarar ante personal de asuntos internos.

Con esto, los policías podrían enfrentar desde amonestaciones hasta ser separados del cargo, lo cual dependerá “de su grado de responsabilidad”.

Para favorecer la integración de los expedientes en contra de los 17 policías, el titular de la SSE hizo un llamado a la población jalisciense para que envíen los videos que tengan de los actos de abuso de manera directa a asuntos internos.

Los materiales pueden compartidos al teléfono: 33-36-68-79-00, extensión 18069, así como al correo: direcciondeasuntosinternos.ssej@jalisco.gob.mx

¿Qué pasó en la marcha por agua limpia?

La protesta del 11 de octubre surgió tras meses de denuncias por agua turbia, con mal olor y coloración amarillenta en cerca de 100 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Entre las zonas más afectadas se encontraban el Centro, Atlas, Jardines de la Cruz y La Minerva.

Días antes de la marcha, el gobernador, Pablo Lemus Navarro, reconoció que la ciudad atravesaba una crisis de agua potable “como nunca antes”. Como respuesta, el Gobierno de Jalisco anunció la suspensión del aprovechamiento de agua de la presa de Las Pintas, la implementación de trabajos de modernización del sistema de Miravalle y un esquema de tandeos rotativos durante 6 meses. Pero la inconformidad ciudadana se mantuvo y derivó en la convocatoria a la movilización.

La marcha partió de la glorieta de La Minerva y avanzó durante casi dos horas hacia Casa Jalisco, residencia oficial de Lemus. Según el reporte del Gobierno estatal, la marcha se desarrolló de forma pacífica durante gran parte del recorrido.

Sin embargo, todo cambió después del mediodía, cuando un grupo de aproximadamente 400 personas derribó las vallas colocadas frente al inmueble. A partir de ese momento comenzaron los enfrentamientos entre civiles y elementos antimotines, que derivaron en el uso de gas lacrimógeno, chorros de agua y bombas aturdidoras.

El saldo, según el gobierno estatal, fue de 39 manifestantes detenidos (de los cuales poco más de 30 fueron liberados, pero todos mantienen investigaciones abiertas por lesiones, ataques a las vías de comunicación y delitos contra las autoridades), así como 28 policías heridos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) abrió 41 actas de investigación por los hechos y dictó medidas cautelares para garantizar atención médica y el respeto a los derechos de las personas detenidas durante la jornada.