Amnistía Internacional presenta a Segob un informe sobre riesgos para los derechos humanos

Amnistía Internacional México se reunió este 24 de septiembre con Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), para presentarle el informe Promesas en marcha derechos en riesgo.

La organización expuso a la Segob sus preocupaciones sobre la crisis de desapariciones, la búsqueda e identificación de personas, el trabajo de las mujeres buscadoras y los feminicidios.

Medina Padilla informó que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración recibió a representantes de Amnistía Internacional, entre ellos su directora ejecutiva Edith Ferreto, Yael Cayetano y Alejandro Juárez Gamero.

Señaló el subsecretario que escucharon sus planteamientos y hablaron sobre las acciones del Gobierno de México para garantizar y proteger los derechos humanos, además de mantener una interlocución abierta.

Amnistía Internacional expresó su disposición a participar en los espacios de consulta y colaboración impulsados por la Segob. En el encuentro también participaron integrantes de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y la directora general del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Pide Amnistía Internacional reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras

Amnistía Internacional pidió al Estado mexicano reconocer a las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos e incorporarlas al Mecanismo federal de Protección, ante una crisis que suma 132 mil 844 personas desaparecidas y no localizadas en el país hasta el pasado 29 de agosto.

La organización sostuvo que la mayoría de quienes buscan a familiares desaparecidos son mujeres que realizan esa labor con pocos recursos, sin respaldo institucional y bajo amenazas. A la cifra de personas sin localizar se agregan más de 72 mil cuerpos sin identificar en morgues de todo el territorio nacional.

El pronunciamiento se difundió este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La exigencia es que las buscadoras sean incluidas como beneficiarias del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado para salvaguardar a quienes enfrentan riesgos por defender derechos.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección Mexicana, afirmó que las familias han asumido labores que corresponden a las instituciones. “Ante la inacción del Estado en las labores de búsqueda, ellas han sido capaces de localizar, con magros recursos, cientos de cuerpos en fosas a lo largo del país”.

Familias buscan ante la falta de resultados institucionales

La organización señaló que las instituciones con responsabilidad legal de buscar a las personas desaparecidas no han logrado resultados. Frente a esa ausencia, las familias, especialmente las mujeres, han emprendido brigadas, recorridos y búsquedas en fosas.

“El Estado debe reconocer el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos, ya que las instituciones que tienen esa responsabilidad no los están buscando”, precisó Olivares Ferreto.

La solicitud ocurrió mientras persiste la violencia contra quienes integran colectivos de búsqueda. De acuerdo con Artículo 19, desde 2010 al menos 45 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas.

El informe documenta amenazas, enfermedades y precariedad económica

En julio de 2025, Amnistía Internacional publicó el informe Desaparecer otra vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México. El documento describe las condiciones bajo las que las integrantes de los colectivos realizan las búsquedas.

El informe registra amenazas de organizaciones criminales, revictimización y estigmatización por autoridades de los tres niveles de gobierno. También expone enfermedades relacionadas con las jornadas de búsqueda y la precariedad económica que afecta a la mayoría de las buscadoras.

La campaña #BuscarSinMiedo exige que las autoridades garanticen la seguridad y la integridad física, psicológica y emocional de las mujeres que buscan a sus familiares. También plantea el acceso a medidas de protección, la investigación y sanción de toda forma de violencia cometida en su contra, así como políticas públicas con enfoque de género e interseccionalidad.

Entre sus demandas se encuentran apoyos efectivos de atención médica, psicológica y legal. La petición pública de la campaña permanece abierta para que otras personas puedan sumarse.

El pasado 22 de agosto, colectivas de buscadoras y activistas pintaron una sección del muro fronterizo de las Playas de Tijuana como parte de esa iniciativa. La intervención contó con la colaboración del artista plástico Enrique Chiu.

México cuenta con legislación en materia de desapariciones que ordena crear instituciones con responsabilidad expresa para prevenir y atender ese crimen. La falta de resultados de esas dependencias ha llevado a las familias a recurrir desde hace años a organismos internacionales de derechos humanos.

El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, conocido como CED, activó el 4 de abril de 2025 el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Fue la primera vez que el organismo aplicó esa medida.

El 19 de marzo de 2026, el Comité adoptó una decisión definitiva, que hizo pública el 2 de abril. Solicitó al secretario general de la ONU remitir con carácter urgente la situación de México a la Asamblea General.