Gobierno federal abre mesa de diálogo en Chilapa para reconstruir tejido social en la Montaña Baja de Guerrero

La Secretaría de Gobernación instaló este viernes 22 de mayo la coordinación para la Construcción de Paz en el cuartel de la Guardia Nacional en Chilapa, Guerrero, once días después de que el CIPOG-EZ reportara 76 asesinados y 25 desaparecidos tras ataques continuos del grupo criminal “Los Ardillos” en la región de la Montaña Baja.

La instalación de la mesa respondió a los compromisos que la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez adquirió con las familias durante su recorrido por las comunidades de Chilapa.

Además, en la sesión tomaron protesta diez nuevos comisarios municipales de las localidades de Acahuehuetlán, Mexcaltepec, Tula, Coatzingo, Alcozacán, San Jerónimo Palantla, Xochitempa, Nuevo Amanecer, Xicotlán y Zacapexco, quienes fungirán como vínculo directo entre sus comunidades y los tres órdenes de gobierno.

Yáñez encabezó la mesa por instrucción de Sheinbaum

El subsecretario de Gobernación César Yáñez señaló que acudió a la zona por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum para poner en marcha la mesa de diálogo y dar seguimiento a la atención integral en el corredor Chilapa-Hueycantenango.

Yáñez y el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez, coincidieron en mantener un diálogo franco, directo y permanente con las comunidades.

Los reportes oficiales indicaron que esta mesa arrojó avances en la construcción de acuerdos para dar cauce a los planteamientos sociales y de infraestructura que permitan reconstruir el tejido social en el corredor.

Militares, fiscales y autoridades de derechos humanos completaron la mesa

Según los reportes oficiales del Gobierno Federal, participaron en el encuentro la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez, y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso.

También estuvieron el general de División José Roberto Flores de Montes de Oca, comandante de la IX Región Militar; el general de Brigada Juan Ignacio Hernández Velasco, comandante de la 35/va Zona Militar, y el general Brigadier Oscar García Ponce de León, coordinador estatal de la Guardia Nacional.

El fiscal general local Jesús Zipacná Torres Ojeda, la fiscal federal en Guerrero Neyra Salgado Miranda y el secretario de Seguridad Pública Daniel Antonio Ledesma Osuna completaron la representación institucional en la mesa.

CIPOG-EZ reportó 76 muertos y ataques con drones antes de la llegada de autoridades

El 11 de mayo, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que el grupo criminal de “Los Ardillos” entraron a Alcozacán con disparos de armas de alto calibre y ataques con drones, mientras el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional no se presentaban en la zona.

Para ese momento, los ataques ya habían desplazado a los pobladores de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán.

La organización reportó casas quemadas, animales muertos y compañeros asesinados.

“Tienen helicópteros, tienen armas, tienen todo para entrar, pero siguen dejando a nuestros pueblos solos mientras nos están matando”, señaló el CIPOG-EZ en su comunicado, difundido por las redes oficiales del Congreso Nacional Indígena.

Ese mismo día, en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum había reconocido el desplazamiento de familias en la zona sin anunciar acciones concretas.

“Primero hay que entrar en contacto con ellos, ver lo que está ocurriendo”, dijo la mandataria, quien mencionó la presencia de la Guardia Nacional sin precisar plazos ni operativos. La mesa instalada este 22 de mayo responde a la acción de las autoridades luego de los problemas de violencia registrados en la zona.

Tras los hechos, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch afirmó que la violencia es el resultado de una disputa entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos”.

El pasado 21 de mayo fue revelada una declaración en las redes del Congreso Nacional Indígena mediante la cual pobladores se deslindaron de “Los Tlacos” y señalaron una criminalización de las comunidades por las declaraciones de Harfuch.