El gobierno de la Ciudad de México ha puesto en marcha el programa Mujeres Sanas e Infancias Protegidas, que otorga un apoyo bimestral de 1.200 pesos a mujeres embarazadas residentes en la capital.
Esta iniciativa busca reducir la vulnerabilidad económica durante la gestación y asegurar el acceso a cuidados esenciales, conforme a las reglas de operación publicadas para el ejercicio fiscal 2026.
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La Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (SEBIEN) es la responsable exclusiva de la ejecución del programa.
El objetivo es fortalecer el bienestar de las mujeres embarazadas y contribuir al desarrollo integral de la primera infancia, alineando la política pública con el Eje Ciudad Cuidadora y los derechos sociales reconocidos en la Constitución local.
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Montos, cobertura y metas físicas
El apoyo económico consiste en transferencias monetarias bimestrales de $1.200,00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.), hasta por un máximo de cuatro ministraciones durante el ejercicio fiscal 2026. Esto permite que cada beneficiaria reciba hasta $4.800,00 a lo largo del año, sujeto a la suficiencia presupuestal y a la permanencia en el programa.
El programa tiene una meta de cobertura de 15.000 mujeres embarazadas, priorizando a quienes se encuentren en los primeros tres meses de gestación y residan en unidades territoriales de bajo o muy bajo índice de desarrollo social. Para adolescentes embarazadas, no se aplica restricción por semanas de gestación.
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El presupuesto autorizado para el programa asciende a $61.500.000,00, de los cuales $60.000.000 se destinan directamente a las transferencias y $1.500.000 a gastos operativos.
Requisitos, proceso de acceso y permanencia
Para acceder al programa, las solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos: estar embarazada, preferentemente durante el primer trimestre; residir en la Ciudad de México; no recibir apoyos similares; y llenar la solicitud de incorporación proporcionada por la Dirección Ejecutiva para las Infancias.
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La documentación requerida incluye identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, Clave única de Registro de Población (CURP).
El proceso de incorporación es progresivo y prioriza a mujeres en mayor situación de vulnerabilidad. La inscripción está sujeta a la disponibilidad presupuestal y a los criterios establecidos en las reglas de operación. Las bajas pueden producirse por renuncia, fallecimiento, cambio de residencia, falsedad documental, nacimiento o término de gestación.
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Las beneficiarias que causen baja pueden ser sustituidas por solicitantes en lista de espera que cumplan los requisitos, siguiendo un criterio de prelación.
Derechos, obligaciones y mecanismos de queja
Las beneficiarias tienen derecho a recibir atención oportuna y no discriminatoria, contar con información clara sobre el programa y participar en la evaluación de políticas sociales. También pueden presentar quejas, inconformidades o sugerencias a través de canales electrónicos, escritos o presenciales.
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Las inconformidades administrativas pueden ser recurridas según la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, y las denuncias por presuntas faltas de servidores públicos se presentan ante la Secretaría de la Contraloría General o el órgano Interno de Control de la SEBIEN.
El programa garantiza la protección de datos personales y la privacidad de la información de las beneficiarias, conforme a la legislación vigente.
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Objetivos del programa Mujeres Sanas e Infancias Protegidas
El programa Mujeres Sanas e Infancias Protegidas tiene como antecedente la política de transferencias monetarias universales en la Ciudad de México, como el programa “Desde la Cuna”.
La estrategia actual amplía la cobertura para incluir a mujeres embarazadas desde la etapa prenatal, con el fin de garantizar un ingreso mínimo a los hogares y sentar bases sólidas para el bienestar de la primera infancia.
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La iniciativa se fundamenta en los artículos 6 y 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El programa reconoce el cuidado como un derecho social y busca reducir las desigualdades estructurales, promoviendo la corresponsabilidad social y colectiva.
La SEBIEN, junto con la Dirección Ejecutiva para las Infancias, administra el registro de beneficiarias a través del Sistema de Información para el Bienestar (SIBIS), garantizando transparencia y alineación con la perspectiva de género.
Situación actual de las mujeres embarazadas
De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, entre enero y noviembre de 2025 se registraron 79.220 nacimientos en la Ciudad de México.
Esta cifra evidencia el tamaño de la población que atraviesa una etapa de gestación y enfrenta presiones económicas considerables, derivadas del aumento en gastos médicos, alimentación y cuidados especializados.
El embarazo representa un periodo de alta vulnerabilidad social y económica.
Muchas mujeres experimentan disminución o pérdida total de ingresos debido a restricciones físicas, riesgos para la salud o la incompatibilidad entre trabajo y gestación. Según datos del INEGI, más del 55% de las mujeres ocupadas en la capital se encuentran en la informalidad, lo que implica la ausencia de seguridad social y protección de ingresos durante el embarazo.
La sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados recae principalmente en las mujeres. El INEGI reporta que dedican en promedio 50,7 horas semanales al cuidado de menores de seis años, frente a 22,2 horas de los varones. Esta desigualdad incrementa la dependencia económica y los riesgos asociados a la violencia patrimonial.
La falta de acceso a servicios de cuidado infantil y la dificultad de reincorporación al mercado laboral después del parto amplifican la inestabilidad económica, especialmente en hogares de bajos recursos. Evalúa CDMX reportó para 2025 que 1.842.392 mujeres presentan pobreza por ingreso y 2.717.327 por tiempo, cifras superiores a las de los hombres.
Garantizar un ingreso mínimo mediante el programa busca mitigar estos efectos adversos, mejorar las condiciones de vida y asegurar que el embarazo no se traduzca en un factor de exclusión económica o social.
Supervisión, transparencia y rendición de cuentas
La Dirección Ejecutiva para las Infancias supervisa la operatividad del programa, mientras que la Secretaría de la Contraloría General y la Auditoría Superior de la Ciudad de México verifican el uso de los recursos públicos.
Todo el proceso es de carácter público y gratuito, prohibiéndose su uso con fines políticos, electorales o de lucro. El incumplimiento de estas disposiciones acarrea sanciones conforme a la ley aplicable en la Ciudad de México.
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