
Autoridades de Estados Unidos informaron sobre la desmantelación de una red de narcotráfico vinculada a un cártel mexicano, lo anterior tras incautar más de 70 kilogramos de metanfetamina, 35 mil dólares en en efectivo y tres armas de fuego. El operativo concluyó con la condena de siete personas, la mayoría migrantes mexicanos en situación irregular.
El caso comenzó en enero de 2020, cuando el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional detectó una organización dedicada al tráfico de metanfetamina líquida, comandada por José Santos Macías Román, quien residía en el país tras sobrepasar el tiempo legal de su visa. La red transportaba la droga desde Sinaloa, México, hasta Kansas City, donde la convertía en cristal para su distribución.
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Operaciones encubiertas realizadas durante más de tres años, lograron la identificación de laboratorios activos y los escondites de la organización. Durante este periodo, los agentes federales realizaron compras controladas de metanfetamina a miembros de la red, consolidando pruebas para las detenciones.
Entre los sentenciados, Macías Román recibió una pena de 300 meses de prisión, la misma condena impuesta a Juan Ramírez González, también inmigrante indocumentado de México. Otros cuatro integrantes recibieron penas de entre 72 y 172 meses de prisión, según su grado de implicación y los cargos imputados. Solo uno de los condenados era residente legal en EEUU.
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Las autoridades lograron desmantelar dos laboratorios donde se convertía la metanfetamina líquida en cristal, lo que permitió frenar la distribución en la zona metropolitana de Kansas City. Además, la investigación reveló la existencia de un sistema de lavado de dinero vinculado a la red, por el que uno de los acusados fue condenado.
La operación fue el resultado de la colaboración de varias agencias, entre ellas el FBI, la DEA, la Patrulla de Carreteras de Nebraska y fuerzas policiales estatales y locales.
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El fiscal federal Ryan A. Kriegshauser destacó que “el modelo del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional se centra directamente en desmantelar organizaciones criminales transnacionales”, y subrayó la importancia de la coordinación entre agencias para combatir estas amenazas.
La investigación se extendió desde 2020 hasta mediados de 2023. Durante este tiempo, los agentes lograron identificar a cada uno de los integrantes de la organización y documentar sus actividades, lo que permitió al Ministerio Público federal presentar cargos sólidos ante el tribunal.
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La causa fue llevada ante la justicia por el fiscal auxiliar Trent Krug, quien presentó las pruebas obtenidas a lo largo de la operación. Las sentencias dictadas cierran un proceso que, según las autoridades, representa un ejemplo de cooperación efectiva en la lucha contra el narcotráfico transnacional en Estados Unidos.
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