
Este 8 de marzo, Naciones Unidas publicó en sus redes sociales una imagen que lo dijo todo sin necesidad de palabras: un listado de países que han alcanzado la igualdad de género completamente vacío. El mensaje que acompañó la publicación fue contundente: “Estamos en 2026 y ningún país ha alcanzado aún la igualdad de género. Al ritmo actual de progreso, podrían pasar cientos de años antes de que las mujeres y las niñas tengan los mismos derechos y protecciones que los hombres.”
Y los números respaldan esta imagen vacía. A nivel mundial, las mujeres y las niñas cuentan en promedio con solo el 67% de los derechos legales que tienen los hombres. A este ritmo, cerrar esa brecha podría tomar casi 300 años. En 54% de los países la violación aún no se define con base en el consentimiento, y en 44% no existe obligación legal de garantizar igualdad salarial por el mismo trabajo.
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A 4 años de los compromisos establecidos en la Agenda 2030
Bajo el lema “Derechos, Justicia, Acción. Para todas las mujeres y niñas”, la ONU llamó este Día Internacional de la Mujer a acelerar medidas concretas para que la igualdad ante la ley deje de ser aspiración y se convierta en realidad, a cuatro años del plazo establecido por la Agenda 2030.
Según la ONU México cuenta con avances importantes
México aparece en el artículo de ONU Mujeres como uno de los países de América Latina con avances relevantes: la elección de la primera presidenta del país, la paridad de género en los poderes legislativos federal y local, trece estados gobernados por mujeres y reformas que reconocen constitucionalmente la igualdad sustantiva, la igualdad salarial y el derecho a una vida libre de violencia.
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Sin embargo, el organismo también señala una grieta profunda: solo el 13.1% de las mujeres que vivieron violencia física o sexual por parte de su pareja presentó una denuncia, frenadas por el miedo, la desconfianza institucional y la impunidad.

Llamado a la acción
El llamado de Naciones Unidas es claro, convoca a a gobiernos, parlamentos, poder judicial, fiscalías y ministerios públicos, sector privado, academia, medios de comunicación, sociedad civil, sindicatos y otros actores a:
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- Invertir en sistemas de justicia con perspectiva de género.
- Garantizar asistencia jurídica accesible y de calidad.
- Fortalecer la implementación efectiva de las leyes existentes.
- Impulsar políticas públicas basadas en evidencia que cierren brechas en el acceso a la justicia desde una perspectiva interseccional.
La lista vacía no es solo una imagen provocadora, es un diagnóstico. Y el diagnóstico exige acción.
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