La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) ha capacitado, hasta ahora, a seis mil 168 servidores públicos con el objetivo de fortalecer la prevención de delitos durante el actual proceso electoral judicial que se llevará a cabo el 1 de junio. Este proceso se considera inédito, ya que es la primera vez que la elección de jueces, magistrados y ministros se dará mediante voto popular.
De acuerdo con un comunicado oficial, empleados de diversas dependencias federales participaron en cursos presenciales y en línea enfocados en la prevención de delitos electorales, las responsabilidades administrativas y la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estas capacitaciones buscaron sensibilizar y profesionalizar al personal en temas clave para el desarrollo de comicios transparentes y equitativos.
En particular, la Fisel detalló que, de febrero a la fecha, un total de dos mil 776 personas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno concluyeron el curso de Responsabilidades Administrativas. Esta formación abordó aspectos como la identificación de delitos electorales, las faltas administrativas, las responsabilidades legales, las posibles sanciones y los mecanismos de denuncia disponibles.
Cursos contra violencia política
Por otro lado, informó la Fisel, en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se ofreció el curso sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. De acuerdo con la Fisel, a esta capacitación asistieron tres mil 392 servidores públicos, quienes adquirieron herramientas teóricas y prácticas para reconocer, prevenir y combatir este tipo de violencia, además de fomentar una cultura de igualdad y respeto a los derechos político-electorales.
El objetivo principal de estos programas es que los participantes comprendan los conceptos básicos sobre violencia de género, sepan distinguir entre violencia política general y aquella dirigida específicamente contra las mujeres, conozcan el marco normativo nacional e internacional aplicable, y analicen las conductas establecidas en el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
“Entre los delitos electorales está ejercer cualquier tipo de violencia contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos político-electorales o el desempeño de su cargo público; restringirles o anularles su derecho al voto libre y secreto; amenazarlas o intimidarlas, directa o indirectamente, con el objeto de inducirlas u obligarlas a presentar su renuncia a una precandidatura, candidatura o al cargo para el que hayan sido elegidas o designadas”, refiere el comunicado.
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