Con el objetivo de proteger a niñas, niños y adolescentes de las consecuencias derivadas de la alienación parental, la bancada del PAN en el Congreso del Estado de México presentó una iniciativa que contempla sanciones de hasta ocho años de prisión y mil 334 días multa para quien incurra en esta práctica o interfiera de manera fraudulenta en procesos legales de custodia.
La propuesta legislativa fue presentada por la diputada Krishna Karina Romero Velázquez, quienes destacaron la urgencia de frenar esta forma de violencia familiar que, según datos oficiales, afecta a más de 82 mil menores en el país.
La iniciativa plantea modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Civil, el Código Penal y la Ley de Educación del Estado de México.
En ella se define la alienación parental como cualquier acción, omisión, manipulación o crítica realizada por un progenitor que genere en el menor rechazo, odio, rencor, miedo o desprecio hacia el otro progenitor.
¿Cómo quedarían las sanciones?
Además, se sancionará con hasta siete años de prisión y mil días multa el delito de falso testimonio en juicios de guarda y custodia o pensión alimenticia.
De igual forma, se impondrán penas de hasta tres años de prisión y 700 días multa a profesionales del derecho que faciliten imputaciones falsas para entorpecer procesos judiciales relacionados con la convivencia de menores.
Entre las medidas destacadas, se propone también la creación de un padrón de personas obstructoras parentales, el cual estará adscrito al Registro Civil, y el tratamiento obligatorio psicoterapéutico o psicológico para quienes incurran en alienación parental.
Durante su intervención, la diputada Romero Velázquez enfatizó que en 2023 se registraron más de 17 mil divorcios en el Estado de México, y más de la mitad involucraron a menores de edad, quienes muchas veces quedan en medio de conflictos legales y manipulaciones emocionales.
Otro de los puntos relevantes de la iniciativa establece que, salvo casos de alienación parental, la guarda y custodia de menores de 12 años deberá otorgarse preferentemente a la madre, en atención al interés superior del menor.
La propuesta también prohíbe realizar evaluaciones psicológicas a las nuevas parejas de los padres o madres, salvo causas justificadas.
Esta reforma busca agilizar los procesos judiciales sin violentar derechos ni entorpecer el desarrollo emocional de los menores.
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