
El Partido Acción Nacional (PAN), a través de su coordinador parlamentario Ricardo Anaya, denunció la forma en la que las candidaturas para la próxima elección para la renovación del Poder judicial tienen presuntas relaciones con el crimen organizado o personas vinculadas con delitos de diversa índole. En específico, legisladores y militantes del partido blanquiazul se centraron en señalar a un aspirante: el abogado Fernando Escamilla Villarreal, quien ha sido señalado por ser defensa legal de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40″ y exlíder del cártel de Los Zetas.
En conferencia de prensa desde la Cámara de Senadores, Anaya Cortés se refirió a esta situación y la calificó todo como “turbio, un cochinero, una absoluta farsa”, dado que las nuevas revelaciones de las candidaturas no fueron revisadas durante el proceso de entrevistas y, posteriormente, de insaculación por parte de senadores:
“¡Cómo puede ser que el abogado de ‘El Z-40′, un narcotraficante, ande de candidato!, cómo puede ser que un ministro de (la iglesia) La Luz del Mundo cuando el líder de la organización está acusado de abusar sexualmente de menores", señaló el excandidato presidencial.

Las acusaciones y los reclamos de políticos de oposición deviene de los recientes cuestionamientos por el hallazgo de, al menos, 20 candidatos con posibles nexos que les incriminan en este tipo de situaciones descritas anteriormente.
Noroña reconoce “errores” en candidaturas al Poder Judicial
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, ha expresado su preocupación por la inclusión de aspirantes al Poder Judicial con presuntos vínculos con el crimen organizado, lo cual incluye defensores de narcotraficantes. En una declaración reciente, Noroña afirmó: “Tramposos como son los del Poder Judicial nos hicieron la maldad de enfilar a sus candidaturas, como candidaturas con pase directo; porque si no hay el número para insacular, pues habría que simplemente enlistarlos”.
El senador morenista también cuestionó la transparencia del proceso de selección, puesto que señaló que algunos candidatos fueron favorecidos sin cumplir con los procedimientos establecidos. “Es su proceso, es su Comité de Evaluación. Ellos perfilaron candidaturas sin proceso de insaculación. Son unos hipócritas”, declaró.

Además, el antiguo militante del Partido del Trabajo (PT) destacó que ciertos perfiles con antecedentes cuestionables fueron incluidos en las listas de candidatos, mientras que aspirantes idóneos fueron excluidos. “El Comité de Evaluación del Poder Judicial ‘cepilló’ a la mayoría de los aspirantes a juzgadores para garantizar el ‘pase directo’ a candidatos que ‘no acreditan la honestidad’”, acusó el legislador.
Estas declaraciones han intensificado el debate sobre la reforma judicial impulsada por Morena, quien busca elegir por voto popular a jueces y magistrados. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ha expresado su preocupación por la posible infiltración de intereses criminales en el sistema judicial y ha instado a la comunidad internacional a monitorear el proceso.

Por su parte, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, ha señalado que la revisión de antecedentes de los candidatos es responsabilidad de los comités de evaluación del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que el instituto no tiene facultades para intervenir en este proceso.
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