
Las estancias infantiles fueron un programa del gobierno federal implementado en 2007 para apoyar a madres trabajadoras con el cuidado de sus hijos. Estos espacios estaban diseñados para niños de entre uno y cuatro años, o hasta los seis años en el caso de menores con alguna discapacidad.
Las familias recibían subsidios para cubrir parte de estos servicios, sin embargo, en 2019 dicho programa fue eliminado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando diversas irregularidades, corrupción y falta de supervisión en su operación.
Según el gobierno, parte de los recursos destinados a las estancias no llegaban directamente a los beneficiarios y existían problemas en el padrón de usuarios.
Ahora, en 2025, la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, de Movimiento Ciudadano (MC) presentó una iniciativa para impulsar la instalación de Centros de Educación y Cuidados Infantiles (CECI) en todo el país, y en este caso, propone que den servicio las 24 horas del día.

Como sucedía con las Estancias Infantiles, estos centros darán especial atención a la primera infancia, con el objetivo de apoyar a las personas trabajadoras, sin que el horario de su jornada laboral sea una limitante para acceder a este beneficio.
Qué es la primera infancia
La iniciativa define el concepto de “primera infancia” como el periodo desde el desarrollo prenatal hasta los seis años de edad.
También introduce un cambio en el nombre de los espacios dedicados al cuidado infantil, reemplazando los términos “Guarderías infantiles” por “Centros de Educación y Cuidado Infantil” en todo el marco legal correspondiente.
Con este ajuste, busca ampliar las funciones de estos centros hacia servicios educativos, formativos, médicos, psicológicos, nutricionales, y de capacitación, además de trabajo social.
Entre sus principales planteamientos, se propone garantizar estos servicios también para personas que no estén afiliadas al IMSS y que, además, demuestren ingresos insuficientes para costear servicios privados.

El proyecto de reforma, turnado a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Seguridad Social, abarca modificaciones a las leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Seguro Social.
Para ello, se exige a las autoridades federales y locales la promoción de la instalación de estos centros en todas las entidades federativas, asegurando condiciones adecuadas, personal capacitado y recursos suficientes para garantizar la salud física y mental de los menores.
De igual manera, se contempla implementar medidas para promover prácticas de crianza positiva, dirigidas a quienes ejercen la patria potestad, tutela o cualquier forma de cuidado de los menores beneficiarios.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con apoyo del Gobierno Federal, estará encargado de habilitar instalaciones especiales y adecuadas, estratégicamente localizadas en relación con los centros de trabajo y las zonas habitacionales.
Este proyecto también abarca las localidades donde opere el régimen obligatorio, con el objetivo de extender el alcance de estos servicios a toda la población trabajadora del país.
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