El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se perfila para revertir el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) en el cual se prohíbe a funcionarios público hablar de la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte durante el periodo de campañas, por lo que el gobierno tendría luz verde para promover la participación ciudadana el 1 de junio.
El proyecto del magistrado Felipe de la Mata propone a sus compañeros de la Sala Superior que el Poder Ejecutivo, Legislativo, además de gobiernos estatales tengan la posibilidad de promover el voto ciudadano el próximo 1 de junio, aunque siguiendo algunas directrices, entre ellas, no mencionar a alguna candidatura en particular.
“Toda promoción y difusión deberá ser imparcial y con carácter institucional, es decir, no debe dar pie a ningún tipo de propaganda personalizada o de proselitismo, ni mencionar a partido político o candidatura alguna, ya sea a favor o en contra de estas”, apunta el proyecto del magistrado ponente.
La semana pasada, la Cámara de Diputados promovió un juicio de gantías ante el TEPJF luego que el INE prohibió a los funcionarios de cualquier nivel de gobierno promover el proceso electoral. De aprobarse el proyecto de Felipe de la Mata, el INE deberá modificar el acuerdo.
Cómo afectará esta resolución a las campañas
Durante el periodo de campañas se mantendrán algunas restricciones y obligaciones tanto a nivel federal como local.
Por un lado, queda prohibido que los materiales publicitarios en internet, como spots o propaganda, incluyan referencias al poder u órgano que los emite.
Esto implica que los nombres, logotipos o colores de dichas instituciones no podrán formar parte de los promocionales, bloqueando así cualquier identificación visual del origen de la difusión.
A pesar de estas limitaciones, diputados federales y senadores tendrán la posibilidad de promover elecciones judiciales utilizando cualquier medio de comunicación disponible, siempre que se cumpla con una condición fundamental: asegurar que los recursos públicos empleados en estas acciones se destinen exclusivamente a fines de comunicación social que sean constitucionalmente legales y que no favorezcan de manera directa o indirecta a alguna candidatura específica.
Por otro lado, los legisladores en los niveles locales disponen de los mismos derechos para actuar en los procesos electorales de sus respectivas entidades federativas.
Además, a pesar de la prohibición de incluir marcas visuales del poder emisor en los promocionales, existe una obligación expresa para estos poderes de informar al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre los contenidos publicitarios que correspondan a cada uno de los Poderes de la Unión o las entidades federativas. Esta medida busca garantizar transparencia y control en las actividades de promoción electoral.
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