Lenia Batres arranca campaña para ser presidenta de la Suprema Corte con estas tres propuestas

Desde el centro de la alcaldía Tlalpan, Lenia Batres Guadarrama inició su campaña para el 1 de junio, en la cual busca convertirse en la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y desde ahí aseguró que fue la única en arrancar en un sitio cercano al pueblo.

La autodenominada “ministra del pueblo” expuso que su campaña se compone de tres propuestas centrales: Justicia social, acceso a la justicia, así como un Poder Judicial austero, por lo que adelantó que de ser elegida buscará quitar los privilegios.

“Tenemos la obligación de transformar el Poder Judicial, tenemos la obligación de quitar los privilegios del Poder Judicial, de generar, de construir un Poder Judicial al servicio de la gente”, dijo Batres Guadarrama ante sus seguidores frente al kiosco del centro de la alcaldía.

Batres Guadarrama, que fue la única ministra que fue designada directamente por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el 1 de junio los ciudadanos elegirán por primera vez a la persona que presidirá la Suprema Corte, y ser ella la elegida el nuevo Poder Judicial será cercano al pueblo, pues los “magnates” ya tienen muchas autoridades a su servicio.

“En caso de que decidan que sea su servidora, pues vamos a hacer todo para que esta primera Suprema Corte electa por el poder popular responda a las necesidades de la gente. Los magnates de nuestro país tienen muchas autoridades a su servicio, es necesario que el pueblo tenga un poder judicial que haga justicia, y que haga justicia para todas y para todos”, dijo la ministra del pueblo.

Las propuestas de Batres para ser elegida presidenta de la Corte

Erradicar privilegios e irregularidades en los altos niveles del Poder Judicial es uno de los objetivos planteados, acompañado del cumplimiento estricto en la gestión de recursos públicos con criterios de eficiencia, transparencia y honestidad.

Según Batres, estos recursos deberán priorizarse en dos áreas fundamentales: el desarrollo de infraestructura adecuada para atender a la ciudadanía y la creación de instrumentos que garanticen su acceso a una justicia más efectiva.

Además, señala la necesidad de otorgar remuneraciones proporcionales, respetando los límites establecidos por la Constitución.

Entre las medidas propuestas está la organización de defensorías públicas, procuradurías y comisiones de derechos humanos, que permitan a la ciudadanía, en su conjunto, contar con representación y defensa jurídica.

Además, que el Poder Judicial debe diseñar metodologías pedagógicas y formularios accesibles para que las personas puedan involucrarse en los procesos judiciales cuando sea posible. Asimismo, en los fallos se busca priorizar siempre el contenido de fondo sobre las cuestiones de forma.

También proveer una respuesta eficiente a las necesidades esenciales de los ciudadanos es también un pilar destacado.

La propuesta subraya que el Poder Judicial tiene un papel determinante no sólo en garantizar derechos individuales, sino también en la lucha por reducir las desigualdades sociales.

En este sentido, plantea la necesidad de emitir criterios jurisdiccionales que contribuyan de manera efectiva a proteger derechos económicos, sociales y culturales fundamentales como la educación, salud, trabajo, vivienda, alimentación, acceso al agua, seguridad social, cultura y la preservación de un medio ambiente saludable.