Legisladores plantean reforzar medidas a favor de periodistas en CDMX

En un contexto marcado por la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos en América Latina, la diputada de Morena, Ana Buendía, presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para reformar el Código Penal local. La propuesta busca incrementar en una tercera parte las penas por homicidio cuando las víctimas sean periodistas o defensores de derechos humanos, siempre que el crimen esté relacionado con su labor profesional.

La legisladora, quien preside la Comisión de Atención Especial a Víctimas, subrayó que el asesinato de periodistas sigue siendo uno de los métodos más comunes para silenciar voces críticas y limitar el acceso a la información. “Cada voz que se silencia por la violencia representa una pérdida irreparable para la democracia y el progreso de nuestra sociedad”, afirmó Buendía durante su intervención en el pleno.

De acuerdo con la iniciativa presentada, se busca modificar el Artículo 138 TER del Código Penal de la Ciudad de México. La reforma establece que, cuando el homicidio de un periodista o defensor de derechos humanos ocurra con el objetivo de restringir el derecho a la información, la libertad de expresión o de imprenta, las penas se incrementarán en un 33 %. Además, se contempla la imposición de entre 48 y 360 horas de trabajo comunitario como sanción adicional.

Propuesta complementaria para fortalecer medidas de protección por parte del PAN

En paralelo, el diputado local del PAN, Ricardo Rubio Torres, presentó otra iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México. Su propuesta busca reformar el artículo 45 de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. Según detalló Rubio, el objetivo es garantizar que las medidas de protección sean idóneas, eficaces y adaptadas a las necesidades específicas de cada caso.

El legislador, quien preside la Comisión de Protección a Periodistas, explicó que las acciones de protección deben incluir un enfoque diferenciado y de derechos humanos. Esto implica considerar factores como el género, la edad, el contexto sociocultural, la situación de vulnerabilidad y la gravedad del riesgo. Rubio también destacó que las medidas deben ser temporales y evitar abusos o excesos en su aplicación.

Entre las acciones contempladas en la propuesta se encuentran la asignación de escoltas, la reubicación en casos de alto riesgo, la capacitación de funcionarios y policías, así como la investigación y sanción de agresores para combatir la impunidad. “La Ciudad de México debe implementar una política integral que realmente garantice el ejercicio de la profesión y la libertad de expresión para todas y todos los periodistas”, afirmó el legislador.

Ambas iniciativas serán analizadas por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de Derechos Humanos, con la opinión de la Comisión de Protección a Periodistas. Tanto Buendía como Rubio coincidieron en la urgencia de adoptar medidas legislativas que protejan a los periodistas y defensores de derechos humanos, quienes enfrentan riesgos constantes en el ejercicio de su labor.

La violencia contra estos sectores no solo amenaza la integridad de las personas, sino que también debilita la democracia al limitar el acceso a la información y restringir las libertades fundamentales. Según datos del Congreso capitalino, el asesinato de periodistas sigue siendo una herramienta recurrente para silenciar voces críticas en numerosos países de la región.