“¡Está hueco!”: madre buscadora golpea piso en el Rancho Izaguirre y denuncia falta de excavaciones en Teuchitlán

En medio de una visita organizada por autoridades federales y estatales al Rancho Izaguirre, predio señalado como presunto centro de exterminio y adiestramiento del crimen organizado, colectivos de búsqueda recorrieron las instalaciones en busca de indicios relacionados con personas desaparecidas.

Durante la jornada, familiares de personas desaparecidas denunciaron omisiones en los trabajos de excavación y falta de acceso a zonas clave del inmueble, ubicado en el municipio jalisciense de Teuchitlán.

En ese contexto, una madre buscadora, entre lágrimas, golpeó el suelo de uno de los cuartos a los que se les permitió el acceso, dicha habitación en donde antes se habían encontrado cientos de prendas y calzado, y exigió a gritos que se excavara el área.

“Mira, ven, tócale aquí, mira cómo suena, está hueco”, repetía a una de sus compañeras del colectivo de buscadores, mientras otra mujer pedía una pala para verificar lo que consideraban un posible nuevo hallazgo.

Según denunciaron, el área señalada por la mujer no había sido intervenida ni analizada previamente por las autoridades, a pesar de presentar características que, de acuerdo con su experiencia como madres buscadoras, podrían corresponder a una fosa clandestina. De acuerdo con la información de El Sol de México, la mujer acudió al sitio en busca de indicios de su hijo y su sobrino, Julio César, quienes se encuentran desaparecidos.

El momento fue documentado por varios medios de comunicación y difundido en redes sociales. La periodista Marcela Turati compartió el clip en la red X, donde narró: “Dentro del rancho, el terror. Una madre tirada en el piso, llorando a gritos, en trance, rodeada de cámaras de tv, queriendo excavar con sus uñas. Todas perplejas: nadie les explicó ‘los hallazgos’. Las que descubrieron el sitio, indignadas: la fiscalía había levantado todo”.

Durante el recorrido, integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco aseguraron que la diligencia fue desordenada y poco transparente. “Esto es un teatro”, declaró Raúl Servín, quien participa en la búsqueda de su hijo desaparecido desde 2018.

Los colectivos señalaron que aún se encontraban prendas de ropa ocultas entre piedras, y que zonas completas del predio no han sido exploradas, a pesar de las múltiples alertas y hallazgos previos. Además, acusaron que la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) habría acomodado la evidencia encontrada para dar al sitio una apariencia controlada y ordenada.

Patricia Sotelo, madre de Fanny Areli, desaparecida hace cuatro años, criticó el estado en que encontraron el predio: “Lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es un circo, una burla para nuestro dolor”.

La escena se repitió en distintas partes del inmueble. En algunos sectores, como el almacén con adoquín, se reportaron informaciones previas sobre la posible presencia de restos humanos, pero el acceso fue restringido. “Queríamos ver dónde los muchachos estuvieron privados de la libertad, pero todo está acordonado”, explicó Sotelo.

Los colectivos también denunciaron que las autoridades impidieron que las familias hicieran su propia revisión, al limitar su movimiento en el terreno. “No puedes moverte del lugar, no puedes pisar donde tú quieras investigar”, agregó.

A las afueras del predio, decenas de familiares esperaron por horas bajo el sol, en un camino de terracería, antes de poder ingresar. Algunos relataron que tuvieron que forcejear con funcionarios de la fiscalía para acceder, mientras el recorrido con influencers y periodistas ya había comenzado. “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!”, gritaban al unísono.

El ingreso al predio se realizó después de que la Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación del caso, debido a presuntas irregularidades cometidas por la fiscalía estatal. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó que se investiga si el Rancho Izaguirre fue utilizado como crematorio clandestino, y reconoció fallas en el cateo realizado en septiembre.

Según Gertz, las autoridades locales no levantaron huellas, no clasificaron hallazgos, no aseguraron el sitio y no interrogaron a pobladores cercanos, a pesar de que el lugar fue identificado como presunto centro de operaciones de un grupo delictivo. Además, afirmó que se encontraron identificaciones de personas detenidas en otras regiones del país, sin precisar el número exacto.

El fiscal también citó testimonios que indican que las personas reclutadas en el sitio dejaban su ropa para uniformarse, lo que explicaría la gran cantidad de prendas localizadas por los colectivos durante su inspección del 5 de marzo, cuando se descubrieron tres fosas con fragmentos óseos.

Durante la jornada, se restringió el ingreso a varios espacios del predio, resguardado por elementos de la Guardia Nacional, la FGE y la Policía Estatal. Las madres buscadoras denunciaron que solo pudieron permanecer en el sitio por un tiempo limitado. “Nos dieron 20 minutos porque había mucha gente, pero no se puede trabajar así”, señaló Patricia Sotelo.

Las familias también lamentaron la ausencia de los fiscales Alejandro Gertz Manero y Salvador González de los Santos, quienes, según dijeron, habían prometido estar presentes en el recorrido. “Es una burla. Entramos a ver un museo, no un campo de exterminio. Y mientras tanto, seguimos sin respuestas”, afirmaron.