Gerardo Ortiz es conocido por sus corridos, ya que salió a la luz su declaración de culpabilidad por haber cantado para narcotraficantes, mucha gente tiene curiosidad por saber cuál es el precio de uno de sus conciertos privados.
Existe una página de cotizaciones para shows de este cantante, el cual se puede presentar en antros, campañas políticas, carril de caballos, conciertos, jaripeos, eventos privados y bailes.
Para conocer los precios exactos es necesario realizar una cotización tomando en cuenta desde lugar, número de invitados, si es día festivo y otros factores; sin embargo, Los Ángeles Times asegura que Gerardo Ortiz cobra alrededor de un millón y medio de pesos mexicanos como tarifa inicial.
Fue así como Gabito Ballesteros y Gerardo Ortiz estuvieron en la boda entre la presunta hija del presidente municipal de Tanlajás, San Luis Potosí Adriana Lucero Calderón y el joven empresario Eduardo Sánchez.
¿Gerardo Ortiz a la cárcel por cantar a narcotraficantes?

La declaración de culpabilidad de Gerardo Ortiz ha generado un gran revuelo en el ámbito judicial y mediático, pues el artista admitió haber participado en al menos seis conciertos organizados por un promotor señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La confesión de Ortiz salió a la luz durante el juicio contra su exrepresentante y dueño de la disquera Del Records, Ángel del Villar, en una corte federal en Los Ángeles. Aunque la declaración había sido mantenida en secreto hasta ahora, su revelación ha puesto en el centro del debate las posibles consecuencias legales que el cantante podría enfrentar.
Aunque el cantante se declaró culpable, es posible que las consecuencias para Ortiz sean únicamente de carácter económico, lo que significaría evitar la cárcel.

¿Qué implica la Ley Kingpin y cuáles son las posibles sanciones?
La Ley Kingpin, oficialmente conocida como la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, permite al gobierno de Estados Unidos imponer sanciones tanto civiles como penales a quienes colaboren con organizaciones vinculadas al tráfico de drogas. Las sanciones civiles pueden alcanzar hasta 1.466.485 dólares por cada violación, mientras que las penales varían dependiendo del rol del acusado.
En el caso de funcionarios corporativos, las penas pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Para corporaciones, las multas pueden llegar a los 10 millones de dólares.
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