Este martes 25 de febrero, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó y recibió positivamente el fallo que un tribunal federal de Tamaulipas emitió contra cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsables de la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes el pasado 26 de febrero de 2023.
“Reconocemos la valentía de las familias de las víctimas en su exigencia de justicia y la labor de las organizaciones que las acompañan. De igual forma, resaltamos la labor de las autoridades que hicieron posible esta sentencia”, subrayó en el pronunciamiento la ONU-DH.
Esta nueva sentencia desecha la versión que la Sedena dio a conocer dos días después de este terrible atentado en la intersección de la avenida Huasteca y Méndez, esto en la colonia Manuel Cavazos Lerna, de Nuevo Laredo:
“Al observar la presencia de las tropas, (los jóvenes) aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado”, señaló la dependencia en una publicación en su cuenta oficial de X.
“De esta situación, al escuchar un estruendo (parecido al de un arma de fuego), el personal militar accionó sus armas de fuego”, se reconoció igualmente.
Aunado a ello, la nueva resolución judicial le da la razón a la hipótesis que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo emitió por estos hechos, donde se señala que el grupo de siete jóvenes se dirigían en una camioneta tipo “Pickup” Chevrolet Silverado tras salir de un antro, cuando los soldados les dispararon en más de 20 ocasiones en el crucero descrito anteriormente.
“Cuando los jóvenes se dieron cuenta de que los seguían, intentaron escapar, pero, en su huida, los militares los alcanzaron, impactaron y arrastraron su vehículo. Después comenzaron los disparos, donde varios de los jóvenes fueron asesinados en el acto”, explicó Raymundo Ramos en entrevista, titular de este comité estatal por los derechos humanos.
Militares disparan a familiares y vecinos para dispersar las protestas
Tras el incidente en febrero de 2023, vecinos y familiares se congregaron en el lugar para reclamar la actuación de los militares. La situación escaló cuando los soldados intentaron retirar la camioneta involucrada, lo que provocó enfrentamientos físicos entre los pobladores y los elementos castrenses.
En videos difundidos en redes sociales, se observó a los militares disparando al aire y al suelo para dispersar a la multitud, lo cual puso en riesgo la integridad de los presentes, incluidos periodistas y niños.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció en ese entonces que los militares “estaban fuera de control” y se exigió una investigación exhaustiva por parte de las autoridades federales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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