
El jueves 20 de febrero, un juez de control vinculó a proceso a Lucio “N”, de 18 años, y Diana Jaciel “N”, de 21, por el delito de homicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de un recién nacido, luego de que fuera abandonado en una calle del municipio de Tultitlán, Estado de México.
El presidente del consejo directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Rafael Castelán, hizo un llamado a la reflexión sobre las causas estructurales que se encuentran detrás de este caso, remarcando que la resolución de este hecho no debe centrarse únicamente en la culpabilidad moral de los jóvenes, sino que las instituciones educativas y de salud pública, por mencionar algunas, reconozcan que han tenido fallas y asuman su responsabilidad.
Educación sexual integral: laica, científica y completa
En entrevista con infobae México, Castelán puntualizó que la reacción inmediata de la sociedad es señalar y juzgar rigurosamente a los responsables -a los padres del bebé abandonado-, pero recordó que el problema es mucho más profundo y está relacionado con la falta de una educación sexual apropiada.
“La información sobre sexualidad debe ser laica, sin prejuicios y basada en hechos científicos, con sustento teórico-metodológico, para que sea considerada ‘verdadera’ y que realmente guíe las decisiones de los jóvenes”, aseguró.

Además, insistió en que no sólo debe enseñarse sexualidad en la adolescencia, sino también desde la infancia. “Es fundamental que los niños aprendan a reconocer sus cuerpos y las partes de su anatomía por sus nombres reales. Desde pequeños, deben comprender qué comportamientos o tocamientos son inapropiados y cuáles no están permitidos”, enfatizó.
Aunque a nivel nacional ya se empieza a incorporar este enfoque, Castelán reconoció que aún falta mucho por hacer en cuanto se refiere a la educación sexual integral en los planes y programas educativos.
Romper los estigmas y respetar derechos
El presidente del consejo directivo de REDIM urgió a sacar del estigma a la sexualidad de los adolescentes y a reconocer que los derechos de los niños y jóvenes deben ser respetados, tal como los derechos de los adultos.
Explicó que es necesario dejar de tener una visión adultocéntrica y pensar que los niños no tienen una opinión o una visión del mundo. “No podemos seguir creyendo que, por su corta edad, no tienen derecho a estar informados o a expresar sus pensamientos sobre temas tan importantes como la sexualidad”, añadió.
Asimismo, enfatizó que es crucial que los adultos y docentes escuchen a los jóvenes, además de alentarlos a que expresen sus puntos de vista y garantizar que su voz sea escuchada y tomada en cuenta dentro de sus entornos cercanos y dentro de la sociedad.

Evitar la criminalización y revictimización
En cuanto al caso del bebé abandonado en Tultitlán, Castelán exhortó a las autoridades para evitar la criminalización de los jóvenes involucrados, destacando que, si bien la vida del bebé debe ser prioridad, también es importante considerar el contexto social y personal que llevó a los jóvenes a cometer este acto.
“Cuando un adolescente se ve involucrado en un conflicto con la ley, hay un contexto detrás que no debe ser ignorado. El sistema debe centrarse en garantizar la restitución de los derechos del adolescente y evitar la revictimización”, explicó.
Políticas públicas y educación integral
Rafael Castelán pidió a las autoridades que implementen políticas públicas que no sólo penalicen, sino que también protejan y eduquen a los jóvenes de manera integral. Aseguró que, si bien hay avances, el sistema educativo necesita una profunda evaluación y actualización.
“El llamado, primeramente, es a las autoridades, para que eviten emitir juicios que ponen en riesgo la vida de los adolescentes y, sobre todo, que los revictimicen, por un lado. Se deben evitar esos discursos de punitividad, donde lo que se busca es que haya una investigación y un delito que perseguir”, manifestó.

Finalmente, Castelán aseguró que las políticas educativas deben centrarse en las necesidades reales de los niños y adolescentes. “Debemos actuar de manera efectiva para garantizar su bienestar y el respeto a sus derechos”, concluyó.
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