
Los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF) presentaron este lunes su renuncia inmediata e irrevocable, argumentando una “imposibilidad jurídica” para continuar con su tarea de seleccionar a los candidatos para la elección judicial programada para el 1 de junio, según un comunicado difundido en redes sociales.
El documento está firmado por los magistrados Wilfrido Castrejón León, Emma Meza Fonseca, Mónica González Cobiño, Hortencia María Emilia Molina de la Puente y Luis Enrique Pereda Trejo, quienes asumieron el cargo con el objetivo de garantizar la llegada de perfiles profesionales al proceso de selección.
Los integrantes señalaron en el comunicado que, al aceptar el cargo, lo hicieron con la convicción de que este Comité podría garantizar un proceso transparente y profesional en la selección de los mejores perfiles para la elección judicial, derivado de la reforma constitucional al Poder Judicial. Sin embargo, reconocieron que, tras semanas de trabajo intenso, consideran “inviable la tarea constitucional que nos fue encomendada”.
“Por medio de este escrito, presentamos nuestra renuncia con carácter inmediato e irrevocable al Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior debido a la imposibilidad jurídica de continuar con el proceso que fue encomendado a este cuerpo colegiado”, se lee en la misiva.

La dimisión de los integrantes del Comité se produce en un momento de alta tensión entre los poderes Legislativo y Judicial, derivada de una serie de resoluciones emitidas por la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La Sala Superior del Tribunal determinó recientemente que el Senado de la República asuma las tareas de selección que estaban a cargo del Comité, debido al desacato de este último a una sentencia que le ordenaba reanudar sus actividades.
En una sesión privada realizada este lunes, con tres votos a favor y dos en contra, el TEPJF instruyó al Senado a llevar a cabo un proceso de insaculación (tómbola) para elegir a los aspirantes. Esta decisión permite al Senado sortear la etapa de evaluación de idoneidad de los candidatos, un requisito establecido en la reforma constitucional.
El rol del Senado y el proceso de insaculación

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que el próximo 4 de febrero se realizará un sorteo público en el que se colocarán los nombres de los aspirantes en esferas, para luego elegir al azar a los candidatos que aparecerán en las boletas. Este proceso, explicó, estará supervisado por notarios públicos para garantizar la transparencia.
El Tribunal también estableció que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no aprueba las listas resultantes del sorteo, el Senado podrá enviarlas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE) como candidaturas definitivas del Poder Judicial.
La SCJN otorgó previamente medidas cautelares que protegen a los miembros del Comité de Evaluación de cualquier sanción derivada de su negativa a cumplir con la sentencia del TEPJF. Esto significa que no enfrentarán multas económicas, amonestaciones ni otras medidas de apremio previstas por la ley.

La renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación marca un punto crítico en la implementación de la reforma judicial. Mientras que el Comité fue creado para garantizar un proceso de selección basado en méritos y criterios objetivos, la decisión de delegar la tarea al Senado a través de un mecanismo de sorteo ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y calidad del proceso.
El Tribunal Electoral justificó la sustitución del Comité argumentando la proximidad del plazo límite del 31 de enero para enviar las listas de candidatos al Senado. En este contexto, la Sala Superior determinó que era “inadmisible” que el Comité continuara retrasando el proceso, especialmente porque afectaría los derechos de los aspirantes que ya habían cumplido con los requisitos iniciales de elegibilidad.
Con la renuncia de los cinco integrantes del Comité, el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación entra en una nueva etapa, que dependerá de las decisiones que tome el Senado en los próximos días.
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