Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, confirmó que se mantiene la solicitud de extradición desde los Estados Unidos a México del enemigo público número uno, Gerardo García Luna, exsecretario de Seguridad Pública. Aunque las autoridades estadounidenses no han respondido a la solicitud.
A la par dijo que siguen las órdenes de aprehensión en contra del exfuncionario para en cumpla una condena por las conductas ilegales en las que supuestamente participó cuando fungía un cargo federal en la administración del expresidente Felipe Calderón.
“Tenemos una serie de órdenes de aprehensión en contra de esa persona y tenemos la solicitud de extradición que es obligatoria para nosotros, no nada más por el caso de rápido y furioso, sino por todo el resto de conductas ilegales de este individuo, esas órdenes de aprehensión están vigentes están listas, las conoce la autoridad norteamericana y responderán cuando ellos consideren que de acuerdo con sus proceso haya el momento judicial para poderlo hacer”, comentó en la conferencia de prensa de este jueves.
Asimismo, Gertz Manero descartó que se esté investigando a García Luna por el supuesto secuestro de 30 empresarios judíos mexicanos en contubernio con un mando policial; ello al no haber, aparentemente, una carpeta de investigación sustentada en una denuncia y con pruebas suficientes sobre este caso.
¿Qué se sabe de García Luna?
El pasado 16 de octubre, Genaro García Luna fue declarado culpable y condenado a 38 años 8 meses de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. El juez Brian Cogan emitió la pena que pone fin al proceso que inició en 2019 contra el exfuncionario.
Durante el juicio, miembros del crimen organizado testificaron que García Luna estuvo involucrado en actividades del crimen organizado. Un exmiembro del Cártel de Sinaloa declaró que se había encargado de entregar maletas a García Luna con al menos 6 millones en efectivo, entre 2005, 2006 y 2007.
La fiscalía alegaron que aceptó el dinero para facilitar la entrada de toneladas de cocaína que el Cártel introdujo entre 2001 y 2012.
En total, enfrentaba cinco cargos: tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses.
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