El 30 de septiembre Andrés Manuel López Obrador dejó formalmente la presidencia de la República, sin embargo, el paquete de veinte reformas constitucionales y legales que envió al Congreso de la Unión marcó los primeros tres meses del gobierno de su sucesora, Claudia Sheinbaum, y se espera que para el 2025 la agenda legislativa continúe al ritmo de las iniciativas obradoristas.
En el primer periodo ordinario de sesiones, la LXVI Legislatura aprobó en total 16 reformas constitucionales, de las cuales únicamente fueron iniciativa expresa de Sheinbaum Pardo. Esto quiere decir que las bancadas de la 4T se concentraron en aprobar aproximadamente el 70% del Plan C de López Obrador.
Además de los cambios constitucionales pendientes en el paquete que López Obrador presentó el 5 de febrero de 2024, los legisladores tienen el reto de concluir las leyes secundarias, o reglamentarias, de todos los cambios a la Carta Magna.
Fue el propio Ricardo Monreal quien admitió que los retos para 2025, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República “está concluir con las cuatro reformas constitucionales que restan, así como entre 40 y 50 leyes reglamentarias, algunas nuevas y otras adecuaciones derivadas de las reformas constitucionales” que fueron aprobadas al final de 2024.
Qué reformas están pendientes del Plan C de AMLO
La reforma electoral no fue abordada por los legisladores en los primeros meses de este sexenio, sin embargo, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, adelantó que la iniciativa se abordará en el segundo semestre de 2025, después de la elección del Poder Judicial.
Del paquete de iniciativas del ex presidente, están pendientes el acceso universal a la atención médica gratuita y una más en materia de medio ambiente.
Dentro del llamado Plan C, ya se han concretado la reforma al Poder Judicial, así como disposiciones relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y una modificación que otorga carácter constitucional a los apoyos económicos dirigidos a jóvenes construyendo el futuro.
En materia económica, también se implementaron las iniciativas para un aumento salarial por encima de la inflación y para garantizar el derecho a una vivienda digna.
En términos de infraestructura y energía, el plan incluye el impulso a proyectos ferroviarios y la devolución del carácter público de empresas estratégicas como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Estos cambios se complementan con la prohibición sobre el uso de vapeadores y el fentanilo, como parte de las acciones relacionadas con la salud pública y adicciones.
Además, se estableció el mando militar sobre la Guardia Nacional, se logró la extinción de siete órganos autónomos y se amplió la lista de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Igualmente, se incluyeron medidas relacionadas con la protección y cuidado animal, como parte de un enfoque integral en distintos sectores sociales.
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