El diputado Sergio Mayer ha anunciado que llevará a la Cámara de Diputados el caso de la grafóloga Maryfer Centeno, señalando posibles irregularidades en el manejo de una denuncia interpuesta por la influencer contra el médico conocido en redes sociales como Mr. Doctor.
Según Mayer, el proceso judicial habría sido favorecido de manera inusual, lo que podría constituir un caso de tráfico de influencias.
Este anuncio se da en el contexto de un enfrentamiento mediático entre Centeno y el médico y youtuber, que ha generado gran atención mediática.
De acuerdo con lo publicado por Mayer en sus redes sociales, la denuncia de Maryfer Centeno contra Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor, fue atendida con una rapidez poco común por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Centeno acusó al médico de discriminación y violencia digital tras comentarios que consideró ofensivos en un video de YouTube.
Sin embargo, Mayer ha señalado que esta celeridad podría estar relacionada con la posición de la madre de Centeno, María del Carmen Muñoz Barroso, quien trabaja como Perito Auxiliar de la Administración de Justicia en la misma fiscalía.
El conflicto entre Centeno y Arroyo comenzó cuando este último cuestionó públicamente la validez científica de las técnicas de grafología promovidas por la influencer.
En su canal de YouTube, Mr. Doctor criticó métodos que Centeno habría sugerido para tratar problemas como la depresión o incluso para bajar de peso, calificándolos de carentes de sustento médico.
Estas declaraciones llevaron a Centeno a presentar una denuncia formal, lo que desató una serie de acusaciones cruzadas entre ambas partes.
Según Mayer, el caso de Centeno no sólo pone en duda la credibilidad de sus métodos, sino que también podría revelar un uso indebido de influencias dentro del sistema judicial, las cuales a su juicio podrían estar vinculadas con la labor de su abogado, Alonso Beceiro.
En un documento compartido en su cuenta de X, el diputado afirmó que la denuncia de Centeno fue procesada de manera “exprés”, lo que derivó en una orden de arresto contra Arroyo.
Mayer ha solicitado a la nueva fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, que se realice una investigación exhaustiva para esclarecer si hubo irregularidades en el manejo del caso.
En este contexto, Mayer ha convocado a un Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, programado para enero de 2025.
Este foro buscará analizar no sólo el caso de Centeno, sino también abordar el tema más amplio de la “charlatanería” en redes sociales y su impacto en la sociedad.
El diputado ha invitado a participar a medios de comunicación, especialistas, fiscales, abogados e influencers, con el objetivo de prevenir la difusión de información sin base científica que pueda poner en riesgo la salud o el bienestar de las personas.
El enfrentamiento entre Centeno y Arroyo también ha generado un debate sobre los límites de la libertad de expresión en plataformas digitales. Mientras que Centeno argumenta que los comentarios de Mr. Doctor constituyen un acto de violencia digital, el médico ha defendido su derecho a cuestionar públicamente prácticas que considera pseudocientíficas.
La audiencia judicial entre ambas partes, inicialmente programada para una fecha anterior, fue pospuesta para el 13 de enero de 2025 por decisión del juez encargado del caso.
En su comunicado, Mayer también destacó que Centeno ha utilizado su plataforma para abordar temas sensibles, como la violencia de género, pero la acusó de revictimizar a mujeres que han sufrido este tipo de agresiones.
Según el diputado, este comportamiento, junto con la promoción de técnicas sin respaldo científico, pone en entredicho la ética profesional de la grafóloga.
El caso ha generado una amplia discusión en redes sociales, donde usuarios se han dividido entre quienes apoyan a Centeno y quienes respaldan a Arroyo.
Mientras tanto, la convocatoria de Mayer al Parlamento Abierto promete llevar el debate a un nivel institucional, con el objetivo de establecer medidas que regulen la difusión de información en plataformas digitales y garanticen la transparencia en el sistema judicial.
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