Ayer en sesión privada de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por mayoría acordaron proceder con la extinción de seis fideicomisos que maneja de los 13 que el Poder Ejecutivo intentaba extinguir para su implementación en obras y programas.
Medios de comunicación informaron cifras diversas sobre el monto total que estos fideicomisos representan; aunque de acuerdo con La Jornada supera los 7 mil 117 millones de pesos; recursos que serán destinados para la organización y realización de la elección de jueces del Poder Judicial del próximo año.
El medio antes citado informó que entre los fideicomisos que desaparecerán está el de pensiones complementarias para ministros y mandos altos y medios de la Corte.
Durante la sesión privada celebrada ayer, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, presentó a sus iguales el último informe de este año sobre la administración de los fideicomisos, en el que se aclaró que a la fecha no se ha firmado su extinción, pues la reforma promulgada el pasado 15 de septiembre, establece que fondos y fideicomisos tendrán que ser extinguidos para su aprovechamiento.
“Los órganos del Poder Judicial de la Federación y, en su caso de las entidades federativas, llevarán a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que no se encuentren previstos en una ley secundaria, por lo que tendrán un plazo máximo de noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para enterar la totalidad de los recursos remanentes de dichos instrumentos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a la Tesorería de la Federación o de las entidades federativas, según corresponda”, se lee en el artículo décimo transitorio de la reforma.
El plazo para cumplir con la ley vence el próximo 15 de diciembre, motivo por el cual inició con el procedimiento legal para la extinción de los mismos.
Previo a la aprobación de esta medida, el 27 de noviembre, la Suprema Corte revocó la suspensión promovida por el ministro Javier Laynez Potisek que impedía la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial y la entrega de los recursos a la Tesorería de la Federación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.