El INAI expresó su preocupación ante la reciente aprobación de la reforma en materia de reorganización orgánica recién aprobada en Cámara de Diputados y remitida al Senado de la República, la cual contempla su desaparición. Frente a las circunstancias, hizo un llamado a senadores para que reconsideren la propuesta.
La reforma, que reasigna las funciones del INAI a una dependencia del Poder Ejecutivo y otras instancias estatales, ha sido calificada por el órgano autónomo como un retroceso en la protección de los derechos humanos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos personales.
El INAI subrayó que estos derechos son conquistas sociales logradas por generaciones de mexicanos y mexicanas, y que la reforma representa una limitación al ejercicio pleno de estos derechos. La institución advirtió que, sin un organismo autónomo y técnico separado del poder político, se genera incertidumbre sobre la transparencia y la protección de la información personal de los ciudadanos.
Además, la iniciativa implica la extinción del Sistema Nacional de Transparencia, una herramienta clave para la homologación del ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos a nivel nacional. Este sistema ha sido fundamental en la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, según el INAI.
En ese sentido, el pleno del INAI hizo un llamado a los legisladores del Senado para que reconsideren el proyecto y eviten un retroceso en la garantía de estos derechos humanos. Asimismo, manifestó su disposición para colaborar en el diseño de un marco institucional que asegure la progresividad de estos derechos.
Bajo el mismo tenor, el organismo enfatizó que aún hay tiempo para modificar el rumbo de esta reforma y proteger los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales en México.
Cabe mencionar que el INAI no es el único organismo autónomo que desaparecerá en caso de que la propuesta se apruebe también en el Senado. La lista incluye además a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).