La reciente decisión de eliminar siete organismos autónomos a nivel nacional tendrá profundas repercusiones en los estados, donde estos entes desempeñan un papel clave en áreas como la transparencia, la regulación económica y los derechos ciudadanos.
La desaparición de entidades como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) plantea interrogantes sobre cómo se garantizarán derechos fundamentales en el ámbito local y de qué manera los gobiernos estatales asumirán las funciones transferidas, enfrentando desafíos técnicos, presupuestales y políticos.
Los estados enfrentan el reto de garantizar que estas reformas no solo optimicen recursos, sino también fortalezcan la transparencia, la seguridad y la rendición de cuentas, pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de la entidad.
Uno de los primeros estados en emitir una postura al respecto es Sinaloa, donde la preocupación por la garantía del derecho de acceso a la información es una de las preocupaciones de la ciudadanía, por lo que la Secretaría General de Gobierno ha asegurado que ya prevé un plan de trabajo para responder a ello.
El impacto de los cambios en los órganos autónomos
Las reformas constitucionales aprobadas por la Cámara de Diputados incluyen la desaparición de siete organismos autónomos, estas modificaciones buscan integrar algunas de estas funciones en dependencias como la Secretaría de Economía, conservando cierta independencia técnica, mientras que otros organismos serán transformados en entidades descentralizadas.
En este contexto, el Secretario General de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, mencionó la importancia de adaptar las políticas estatales a las recientes modificaciones constitucionales que afectan a los órganos autónomos del país.Durante una conferencia de prensa señaló que la administración estatal realizará una evaluación profunda para definir cómo implementar estas transformaciones en Sinaloa.
“El derecho a la información pública no desaparece, sino que debe ampliarse. Compartimos la idea de que algunos organismos autónomos han burocratizado este acceso, degradando sus funciones. Por ello, es adecuado que desaparezcan algunos, especialmente cuando estas situaciones también están relacionadas con temas presupuestales”, afirmó el funcionario.
Subrayó que el objetivo de la evaluación será garantizar que el acceso a la información pública sea eficiente y transparente, asegurando que las decisiones estatales se tomen tras completar un análisis exhaustivo. Además se prevé una serie de reuniones con representantes de organizaciones empresariales para abordar temas de relevancia para reconstruir la paz social.
La inseguridad es un problema que afecta tanto a la vida cotidiana como al entorno económico del estado, por lo que los empresarios expresaron su disposición para colaborar en la reconstrucción de la paz, planteando la urgencia de acciones conjuntas entre el gobierno y el sector privado.
Destacó que la denuncia es una herramienta clave para combatir el crimen, y abogó por una coordinación más estrecha entre las instituciones estatales y los sectores productivos.
La decisión de eliminar organismos autónomos, respaldada por 347 votos de la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, ha generado intensos debates a nivel nacional. Las reformas implican modificaciones a varios artículos de la Constitución y están diseñadas para reducir costos y simplificar estructuras institucionales. Sin embargo, también han despertado críticas de la oposición, que teme una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo.