Quién es Walter Solís, el expolítico de Ecuador que se refugia en México y fue detenido por la Interpol

Walter Hipólito Solís, exministro de Transporte y Obras Públicas de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, fue detenido ayer por elementos de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en México, donde ha vivido como refugiado político desde el 2021.

No obstante, tras la detención de Walter Solís, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el exministro ecuatoriano “mantiene su libertad y mantiene el estatus de refugiado”, el cual se le otorgó conforme al procedimiento establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que le da derecho a recibir protección y a permanecer como residente en México.

La dependencia puntualizó que al exfuncionario también lo protege también principio de la “no devolución” al país de origen, establecido en la Convención del Estatuto sobre Refugiados, de la que México es parte, por lo que durante todo su proceso de detención contó con el acompañamiento de funcionarios de la Consultoría Jurídica de la Cancillería para garantizar su seguridad y la protección legal.

De acuerdo con su perfil curricular publicado por el gobierno de Ecuador, Walter Solis Valarezo es ingeniero civil de la Universidad de Guayaquil, Master en Gestión Ambiental.

Como parte de su trayectoria política se desempeñó como ministro de Vivienda, presidente de los Directorios de la Empresa Pública del Agua y de la Agencia de Regulación y Control del Agua.

Posteriormente, el 22 de junio de 2015, el entonces presidente Rafael Correa Delgado designó a Walter Solís Valarezo como Ministro de Transporte y Obras Públicas, tras haber sido secretario del Agua.

El exfuncionario actualmente es procesado por el caso Reconstrucción de Manabí, junto con el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien fue detenido el 5 de abril pasado durante el asalto a la embajada de México en Quito, donde se refugiaba desde diciembre del 2023.

Ambos políticos son investigados por el presunto desvío de fondos públicos, por un monto de 367 millones de dólares, que debían destinarse a la rehabilitación de Manabí luego del terremoto del 2016.