Gobernador de Veracruz estalla contra Norma Piña y PJF por caso Javier Duarte, pero quien lo absolvió fue un juez local

Este fin de semana, un juez de control con sede en Pacho Viejo, absolvió del delito de desaparición forzada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa; el expriista ya no podrá ser juzgado por dicho cargo y, además, podría recuperar pronto la libertad.

Vale recordar que Duarte está preso desde 2017 en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México luego de que se declarara culpable por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, por los cuales le dieron una condena de nueve años; aunado a lo anterior, en 2022, le dictaron prisión preventiva por la desaparición forzada del policía David Lara Cruz.

Sin embargo, con el sobreseimiento de este último delito, el exgobernador de Veracruz podría salir de prisión en 2016, cuando se cumple la sentencia, o quizás antes, pues ya lleva las dos terceras partes de su pena en la cárcel. Ante este panorama, el actual mandatario veracruzano reaccionó molesto a la noticia de la absolución de su antecesor: “Aún no está dicha la última palabra, no se saldrán con la suya”, escribió Cuitláhuac García Jiménez en sus redes sociales.

El mandatario retomó una publicación en la que señala a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, y a su ‘pandilla’ por haber absuelto en ‘sabadazo’ al exgobernador, detenido en Guatemala en 2017 y extraditado ese mismo año. “Cada día se acerca más a salir de la cárcel por el delito de lavado de dinero, así es como trabaja la mafia del Poder Judicial”, se lee en el posteo original.

Sin embargo, vale hacer la precisión de que el juez de Control que absolvió al exgobernador Duarte de Ochoa, con sede en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pacho Viejo, está adscrito al Distrito Judicial de Xalapa, es decir, que pertenece al Poder Judicial del Estado de Veracruz y no al Poder Judicial de la Federación (PJF) como sugieren dichas publicaciones. De hecho, la acusación por desaparición forzada fue interpuesta por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, y todavía se puede impugnar la resolución del juez.

“Si quieren explicaciones de la absolución de Javier Duarte pregunten a la gente del Poder Ejecutivo en Veracruz, controlado por Morena. El poder judicial local de Veracruz es una tripa del poder ejecutivo. Nada indica que la reforma judicial cambiará algo al respecto”, sentención en redes el abogado y catedrático de la Universidad Iberoamericana, Luis Eliud Tapia Olivares.

“Antes de que empiecen a decir que por temas como el de Javier Duarte es necesaria la reforma al Poder Judicial Federal, les comento que el sobreseimiento vino de un Juez de Control del penal de Pacho Viejo...un juez del poder judicial estatal. No llegan por carrera judicial, porque en los estados no existe. No forman parte del poder judicial federal”, escribió en X la abogada Lupita Hinojosa, quien es coordinadora de la Comisión de Derecho Concursal y Vocal de la Junta Menor del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (Incam).

El agente David Lara Cruz formaba parte de la policía estatal de Veracruz y estaba adscrito al municipio de Acayucan; en enero de 2016 lo convocaron para realizar exámenes de control y confianza en la Academia de Policía, sin embargo, ya no se supo más sobre él hasta una semana después, cuando su cuerpo fue hallado en la barranca La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapato. El uniformado estaba junto a 18 víctimas más, pero se sabe que el entonces gobernador Javier Duarte había ordenado reportar solo seis cadáveres.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz determinó que el policía había sido desaparecido y asesinado por otros agentes y que el exgobernador ordenó reportar menos cuerpos de los hallados, es decir, ocultó información, por ello le acusó por el delito de desaparición forzada en modalidad de entorpecimiento de una investigación. Vale recordar que por este delito, un juez le había dictado prisión preventiva en 2022, pero al final, el pasado 15 de noviembre se desestimó la declaración del exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, quien dijo que actuó bajo las órdenes de su jefe, ya que éstos dichos habrían sido emitidos bajo tortura.