La Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México inició diversas investigaciones contra nueve municipios que no cumplieron con el proceso de entrega-recepción correspondiente a la transición de gobierno que debía llevarse a cabo desde septiembre pasado.
En total, hay 12 expedientes en proceso, los cuales buscan esclarecer el motivo por el cual estos municipios omitieron los lineamientos establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
El OSFEM estableció que cada uno de los 125 ayuntamientos del estado debía realizar reuniones de transición, la primera tenía que ser a mediados del mes de septiembre, en las que los alcaldes en funciones trabajarían junto con los equipos de los presidentes municipales electos para garantizar una entrega de administración transparente y ordenada.
¿Cuáles municipios no cumplieron con la norma?
Sin embargo, los ayuntamientos de Soyaniquilpan, Tlalnepantla de Baz, Teoloyucan, Temascalcingo, Jilotzingo, Hueypoxtla, Valle de Bravo, Malinalco y Temamatla no llevaron a cabo este proceso conforme a los lineamientos establecidos.
De estos municipios, tres —Soyaniquilpan, Tlalnepantla de Baz y Teoloyucan— argumentaron que no pudieron realizar las reuniones de transición en el tiempo previsto debido a que los resultados de sus elecciones estaban siendo impugnados. Sin embargo, la ley establece que los procesos de transición deben realizarse independientemente de cualquier impugnación para asegurar la continuidad administrativa.
En los casos de Temascalcingo, Jilotzingo y Hueypoxtla, se omitió convocar a las mesas de trabajo o concluirlas adecuadamente. Estos municipios tampoco proporcionaron la información necesaria en las sesiones de entrega-recepción, lo que puede comprometer la transparencia del cambio de gobierno.
Por su parte, Valle de Bravo enfrenta dos quejas por inasistencias a las reuniones de entrega-recepción, mientras que en Malinalco no se realizaron las sesiones de trabajo estipuladas. En Temamatla, las mesas de trabajo fueron suspendidas debido a presuntas agresiones verbales, lo que interrumpió el proceso de transición de forma abrupta.
La Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México continúa analizando estos casos para determinar si se impondrán sanciones a los funcionarios responsables.
Dependiendo del resultado de las investigaciones, las sanciones podrían variar en severidad y ser de tipo administrativo o, en casos extremos, penal, en caso de que se compruebe algún tipo de negligencia o incumplimiento grave.
La última reunión del proceso de entrega-recepción deberá llevarse a cabo el próximo 16 de diciembre de 2024; además de que se debía llevar una capacitación para dicho proceso a cargo de los Órganos Internos de Control (OIC).
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