La madrugada del domingo 3 de noviembre, la vivienda de Mariana Lima, hija de la activista y defensora de derechos humanos Irinea Buendía, fue atacada a balazos en el Estado de México. El atentado se dio a pesar de que la casa contaba, en teoría, con medidas de protección y vigilancia establecidas por el gobierno estatal, medidas que no se cumplieron en el momento del ataque, según denuncia la familia.
Irinea Buendía, en entrevista con Cimacnoticias, señaló que los guardias asignados para su protección no se encontraban en el lugar cuando ocurrió el atentado, lo que pone en evidencia la fragilidad de las medidas de seguridad que deberían garantizar su integridad y la de su familia.
Este es el último de una serie de incidentes violentos contra la familia Lima Buendía, que ha sido objeto de al menos diez atentados y reiteradas amenazas desde 2016, cuando comenzaron a denunciar públicamente el feminicidio de Mariana Lima Buendía y las negligencias en su caso. Estos eventos han forzado a la familia a vivir en constante desplazamiento, cambiando de residencia para tratar de evadir el riesgo.
La lucha de Irinea Buendía por justicia para su hija Mariana Lima
La historia de Irinea Buendía en la búsqueda de justicia comenzó en 2010, cuando su hija Mariana Lima fue asesinada por su esposo Julio César Hernández Ballinas, entonces comandante de la Policía Judicial en Chimalhuacán, Estado de México.
Aunque el crimen fue inicialmente catalogado como un suicidio, Irinea Buendía, madre de Mariana, nunca aceptó esa versión, pues un día antes de su muerte, su hija había revelado que sufría violencia física, sexual y emocional por parte de su esposo y que planeaba dejarlo y regresar a casa de sus padres.
A pesar de las sospechas de la familia, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México cerró el caso basándose en el testimonio de Hernández Ballinas y sin investigar las pruebas de abuso. Durante años, la familia Lima Buendía enfrentó múltiples obstáculos en su búsqueda de justicia, topándose con omisiones y negligencias por parte de las autoridades, quienes se mostraron reticentes a abrir una investigación adecuada.
Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, no solo enfrentó la burocracia y los obstáculos judiciales en su lucha por justicia; ante la falta de respuestas y la negligencia de las autoridades, decidió formarse en derecho y criminalística para llevar adelante su propio caso.
Durante años, las autoridades se negaron a reabrir el caso, pero finalmente, en 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia histórica. Este fallo, conocido como la “Sentencia Mariana Lima”, ordenó investigar todas las muertes violentas de mujeres bajo la presunción de feminicidio y con perspectiva de género.
A partir de esta resolución, el caso de Mariana Lima fue reabierto y en 2016 Hernández Ballinas fue arrestado. En marzo de 2023, fue finalmente condenado a 70 años de prisión.
A pesar de esta victoria legal, la familia Lima Buendía ha seguido siendo blanco de ataques y amenazas. Se presume que el excomandante ha coordinado desde prisión algunos de los atentados que han puesto en riesgo la vida de Irinea y sus hijos, Aurelio y Guadalupe Michel, quienes también han sido objeto de violencia en represalia por su búsqueda de justicia.
Medidas de protección insuficientes y retirada arbitraria
En el 2017 Aurelio Lima, hijo de Irinea, fue golpeado por sujetos desconocidos que lo dejaron inconsciente. Durante el ataque, los agresores le exigieron que abandonara el “juicio” contra Julio César Hernández Ballinas, feminicida de su hermana Mariana.
Tres años después, en el 2020, Guadalupe Michel, otra de las hijas de Irinea y testigo clave en el caso de feminicidio de su hermana, sobrevivió a un intento de homicidio en Iztapalapa, Ciudad de México. En esa ocasión, sicarios dispararon en varias ocasiones contra el vehículo en el que se transportaba Guadalupe, quien logró salvarse gracias a la intervención de su escolta.
En total, se estima que la familia ha enfrentado al menos diez atentados y numerosas amenazas, que incluyen mensajes intimidatorios y actos de violencia física.
Desde 2016, la familia Lima Buendía fue incorporada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y contaban con escoltas y vigilancia. Sin embargo, el 19 de septiembre de 2024, las autoridades del Estado de México retiraron las medidas de seguridad “por órdenes superiores”, sin aviso previo.
A raíz de esta decisión, la familia quedó desprotegida. Después de que se presentara una denuncia, una jueza federal ordenó a las autoridades estatales restituir de inmediato la protección y reasignar escoltas para salvaguardar la integridad de los Lima Buendía, dada la situación de riesgo que enfrentan.
No obstante, Irinea Buendía ha denunciado que la vigilancia y protección proporcionada es insuficiente y no garantiza su seguridad. Durante el último ataque en la madrugada del 3 de noviembre, los guardias designados no estaban presentes, y la familia quedó expuesta a los disparos que impactaron la fachada de la casa de Mariana Lima.
Buendía declaró en redes sociales que la situación “está cada vez peor” y que la falta de respuesta efectiva de las autoridades coloca a su familia en un estado de indefensión. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado públicamente sobre este nuevo atentado.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y las Constituyentes MX Feministas, entre otras organizaciones, han expresado su indignación ante el reciente atentado y han exigido al Estado mexicano medidas de protección eficaces para Irinea Buendía y su familia.