Secretaria de Mujeres pide a Congreso de Querétaro despenalizar el aborto tras el caso Esmeralda

Citlalli Hernández anunció que firmará un acuerdo con la Fiscalía estatal para implementar la perspectiva de género

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Citlalli Hernández Mora (Foto: Grupo
Citlalli Hernández Mora (Foto: Grupo Parlamentario de Morena/Senado)

Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, hizo un llamado a que el Congreso de Querétaro legisle para despenalizar el aborto en el estado, luego de que esta semana se viralizó el caso de Esmeralda, una adolescente indígena de 14 años, quien fue acusada de homicidio doloso tras abortar al producto de la violación sexual que sufrió por parte de un familiar.

La funcionaria federal hizo este exhorto luego de que anunció junto con el fiscal general del Estado de Querétaro, Víctor de Jesús Hernández, que se retirarían todos los cargos en contra de la menor, por los cuales se pedía una sanción de tres años de prisión y el pago de 518 mil pesos para su agresor como reparación del daño.

“Exhortamos respetuosamente al Congreso local de Querétaro a legislar YA para despenalizar el aborto en la entidad. Lo reitero: las mujeres de México ¡no están solas!”, escribió en la publicación del video, a través de su cuenta de X.

En la misma publicación, Citlalli Hernández agregó que tras la resolución del caso se acordó que el gobierno federal y estatal darán acompañamiento integral a la adolescente, “para que la reparación y no repetición sea lo que predomine en el caso”.

Asimismo, puntualizó que se dará seguimiento para que el desarrollo de Esmeralda “sea en paz, con bienestar, en la escuela y soñando un futuro mejor”.

La funcionaria federal agradeció al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, “por su interés y colaboración” en el caso, resaltando que también se firmará un convenio de colaboración para capacitar al personal de la Fiscalía estataal, para que realicen su labor con perspectiva de género.

De igual forma, se dará vista al órgano Interno de control de la Fiscalía par que se inicien los procesos administrativos en contra de los servidores públicos responsables involucrados en la carpeta de investigación que hayan cometido alguna falla u omisión.

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