En una decisión histórica, ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentaron su renuncia, tras finalizar el plazo que establecía la reforma constitucional para optar entre participar en las próximas elecciones o dejar sus cargos.
Esta reforma, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, convierte a México en el primer país en someter a elección popular a todos los jueces federales y ministros de su máximo tribunal.
La controvertida reforma judicial, aprobada en septiembre por el Congreso, establece que los 11 ministros de la SCJN y más de 800 jueces federales sean elegidos por voto popular el 1 de junio de 2025, medida que ha sido criticada por la oposición y por varios sectores nacionales e internacionales.
Bajo esta nueva legislación, los actuales jueces y ministros podrían permanecer en sus puestos si se someten al proceso electoral, sin embargo, quienes no deseaban postularse debían renunciar este miércoles o de lo contrario perderían sus pagos de retiro.
Entre los ministros que dimitieron se encuentra la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, quien ha sido una figura crítica de la reforma y de la intervención del gobierno en la independencia del Poder Judicial.
En su carta de renuncia, Piña dejó en claro su desacuerdo con el proceso electoral y subrayó que su dimisión no debe interpretarse como un respaldo a la enmienda. “Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”, expresó Piña.
Otros ministros que renunciaron son Luis María Aguilar Morales, cuyo período finaliza el 30 de noviembre de este año; Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, y Ana Margarita Ríos Farjat.
Todos ellos han manifestado que consideran que la reforma amenaza con desmantelar la separación de poderes y exponer a los jueces a presiones de índole político y criminal. La oposición ha advertido que la independencia judicial está en juego y que el cambio en la selección de jueces podría afectar el Estado de derecho.
El próximo martes, la SCJN discutirá un proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara, quien propone invalidar parcialmente la reforma para excluir la elección popular de jueces, con la excepción de los ministros de la Suprema Corte. Este proyecto responde a una serie de impugnaciones presentadas por el PAN y otros partidos opositores, que han solicitado que se declare la inconstitucionalidad de la enmienda.
Los ministros que se quedaron
Tres ministras consideradas cercanas al gobierno de la Cuarta Transformación, optaron por no renunciar y asegurar su “pase automático” a las elecciones de 2025 ha generado críticas.
Loretta Ortiz Ahlf fue la primera en hacer pública su intención de postularse en las elecciones de 2025 para conservar su puesto en la SCJN, lo que resaltó su compromiso con la reforma judicial impulsada por la administración. Nombrada en noviembre de 2021 por el Senado tras su postulación por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, Ortiz cuenta con una trayectoria en derechos humanos, derecho comunitario europeo y en la academia.
Como ministra, ha sostenido posturas afines a la visión del gobierno y ha respaldado iniciativas en temas de derechos sociales y constitucionales. Ortiz declaró que considera “una gran oportunidad” el proceso de elección.
Por otro lado está Lenia Batres Guadarrama, hermana del Martí Batres, quien hasta hace unas semanas era el jefe de Gobierno de la CDMX. Fue nombrada ministra en diciembre de 2023 para sustituir a Arturo Zaldívar, quien dejó la SCJN para integrarse a la precampaña de Claudia Sheinbaum. Su designación fue excepcional, pues no se alcanzó un consenso en el Senado, por lo que el presidente López Obrador la nombró directamente.
Batres cuenta con una carrera ligada a posiciones jurídicas en el gobierno y la administración pública. Ha sido asesora en la Oficina de Presidencia en temas de legislación y normativa, y anteriormente colaboró en la Secretaría de Transportes y Vialidad en la Ciudad de México, así como en la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, cuando López Obrador era jefe de Gobierno. En diversas ocasiones, Batres ha expresado su respaldo a la reforma y su alineación con la visión de una justicia cercana al pueblo.
En declaraciones recientes, Batres negó cualquier intención de renunciar, subrayando que su permanencia está motivada por el deseo de competir en el proceso electoral y legitimarse mediante el voto popular.
“Para mí sería un enorme honor poder competir y, por el voto popular, estar ocupando parte del primer Pleno electo por voto universal, directo y secreto de nuestro pueblo”, afirmó la ministra.
Finalmente también se ha quedado la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en su cargo desde marzo de 2019.
Esquivel ha mostrado su respaldo a la reforma judicial y su intención de someterse al voto popular para mantener su puesto. Su trayectoria ha sido marcada por escándalos de presunto plagio en sus tesis de licenciatura y doctorado, acusaciones que han generado un cuestionamiento sobre su idoneidad como ministra y que permanecen en revisión académica.
Esquivel ha desempeñado diversos roles en el Poder Judicial y ha sido una figura leal al gobierno, que la postuló. Durante su gestión, ha defendido la autonomía del Ejecutivo en temas clave de políticas públicas y en disputas de alto impacto social.
Su postura a favor de la reforma judicial ha sido clara, describiendo su participación en la elección de jueces y ministros como “el mayor honor” en su carrera de más de 40 años. “Si el voto me favorece, seguiré trabajando para lograr una #JusticiaDePuertasAbiertas, cercana a la gente”, escribió en su cuenta oficial en redes sociales, donde defendió el objetivo de acercar la justicia a la población.