El pasado 5 de octubre, Clara Brugada Molina tomó protesta como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. En su discurso posterior a asumir el cargo, Brugada delineó varios de los proyectos que formarán parte de su mandato, entre ellos, el llamado Agua Bienestar, que busca contrarrestar la carencia del recurso en la capital del país.
Entre los objetivos de su plan están invertir en infraestructura hídrica; asegurar las redes de distribución para darle un uso responsable al agua; incrementar la captación de agua de lluvia; facilitar la infiltración de agua a los acuíferos; sanear ríos y recuperar zonas lacustres; fortalecer el bosque de agua en la Ciudad de México, y crear una línea telefónica “H2O” para reportar fugas y atenderlas en menos de 24 horas.
Todas estas propuestas son necesarias, pero falta saber cómo se van a implementar y los recursos que se inyectarán para definir si son suficientes o si nuevamente será maquillar un problema que venimos arrastrando desde hace décadas. A falta de los “cómos”, lo que más ha llamado la atención en el discurso fue la propuesta de que el gobierno capitalino venda garrafones de 20 litros de agua en 7 pesos.
Para poder manejar esos precios, el gobierno capitalino tendrá que invertir una fuerte cantidad de recursos. Si bien en el corto plazo beneficiará a muchas familias, sobre todo de escasos recursos, la iniciativa genera serias dudas sobre su efectividad y sostenibilidad.
Una de las principales preocupaciones es la calidad del agua que se entregará.
¿Está garantizada su purificación? La ósmosis inversa, la desinfección ultravioleta, la suavización y la ozonización son sólo algunas de las tecnologías para purificar el agua. Sin embargo, ¿el gobierno capitalino tendrá la capacidad para utilizar estas técnicas a gran escala y así asegurar la calidad del agua que venda?
Actualmente tenemos un grave problema con la calidad del agua que venden los negocios rellenadores en la Ciudad de México. De acuerdo con los últimos análisis que Agua en México realizó, el 77.5% de los garrafones de agua para consumo que expiden las purificadoras de la capital tiene algún tipo de contaminación. ¿El Gobierno capitalino podrá revertir estos datos?
En relación con lo anterior, preocupa que la propia autoridad que vende el agua sea la que verifique su calidad. Esto puede generar un conflicto de interés, ya que no se puede ser juez y parte. Si la autoridad es la que verifica la calidad del agua, hay serias posibilidades de que deje de hacer señalamientos en caso de que incumplan con la normativa de Cofepris.
Además, esta medida puede tener un impacto negativo en la economía de quienes actualmente tienen pequeñas plantas potabilizadoras locales. La competencia desleal puede llevar a la quiebra a estas pequeñas empresas, que actualmente proporcionan empleo y servicios esenciales a las comunidades.
Por otro lado, de acuerdo con el Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en México 2020, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Ciudad de México requiere una inversión anual de al menos 10 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura hidráulica y garantizar el acceso al agua potable. ¿Cuánto de esos recursos serán destinados a generar las condiciones para que el Gobierno capitalino venda garrafones de agua?
En lugar de gastar recursos en medidas paliativas, el gobierno de la CDMX debería enfocarse en los primeros puntos que señalamos, pues todos ellos forman parte de soluciones a largo plazo que, bien desarrollados, garantizarán el acceso al agua potable para todos los habitantes de la ciudad.
Son demasiadas las dudas que genera la iniciativa de la venta de garrafones a 7 pesos. Esperemos que, conforme las autoridades den más información, podamos ir resolviendo algunas de ellas.
Mientras tanto, el deseo de que en esta nueva administración se materialicen soluciones a largo plazo del déficit que existe en gestión y uso del agua, así como en la infraestructura hídrica, está latente. No debemos olvidar que el Día Cero, en que la CDMX se quede sin agua, sigue estando presente. Del gobierno y ciudadanos depende que esa fecha se siga postergando.