Reforma energética es constitucional, declaró el Senado; CFE y Pemex volverán a ser empresas estatales

El Senado de la República emitió este jueves la declaratoria de reforma constitucional por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28, con lo que se permitirá a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) regresar a ser empresas públicas del Estado.

El presidente de la Mesa Directiva, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña, realizó la declaratoria de constitucionalidad de estas reformas, que buscan modificar el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas.

Tras dar cuenta de 20 votos aprobatorios de los congresos estatales, la Cámara de Senadores emitió la declaratoria de aprobación que buscan fortalecer las capacidades del Estado en áreas de carácter estratégico como el sector energético, el servicio de Internet y el aprovechamiento del litio.

Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México dieron su respaldo a este proyecto.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Cámara Alta, “los cambios constitucionales tienen el objetivo de garantizar seguridad y autosuficiencia energética, además de proveer al pueblo de México de electricidad al menor precio posible”.

Una de las modificaciones más importantes es la que elimina del texto constitucional el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituyen por el de “empresas públicas del Estado”.

Y precisan que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet que éste provea; ni la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió en días pasados que esta reforma podría ir en contra de lo estipulado en las obligaciones comerciales a las que México está comprometido en el marco del Tratado México - Estados Unidos - Canadá (T-MEC).

“La reforma constitucional mantiene una redacción ambigua, por lo que después de su eventual aprobación en el Senado de la República es necesario asegurar que la legislación secundaria se elabore cuidando la congruencia con las disposiciones plasmadas en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y la modernización del componente comercial del Acuerdo Global México-Unión Europea, así como el resto de los tratados comerciales y de inversión de los que México es parte” puntualizó el centro de investigación apartidista y sin fines de lucro.

El centro de investigación resaltó que para la revisión del T-MEC, que tendrá lugar en 2026, obliga a México a estar preparado para defender la coherencia de sus políticas públicas con las disposiciones del mismo.

“Respetar las disciplinas de los tratados e instrumentos de los que México es parte no únicamente es una cuestión jurídica, sino para la competitividad del país, ya que estos sólo servirán para expandir el comercio y la inversión del país si se demuestra un compromiso creíble con sus disciplinas”.