Consejería Jurídica de Presidencia pide a la SCJN proceder contra jueza Nancy Juárez por reforma judicial

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que inicie un procedimiento contra la jueza federal Nancy Juárez, titular del Juzgado Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, por su resolución de eliminar la publicación de la Reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con un documento revelado por la periodista Azucena Uresti, la Consejería argumenta que la orden de la jueza carece de “validez jurídica”, al tiempo que recalca que el Poder Judicial de la Federación no tiene la facultad de cuestionar ni anular el proceso de reforma constitucional.

La petición fue realizada a través de un oficio firmado por Ernestina Godoy Ramos, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, y dirigido a la Ministra Presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández.

En dicho documento, Godoy subraya que no existe ninguna disposición constitucional o legal que otorgue al Poder Judicial el poder para revisar, anular o interferir en el resultado del ejercicio del Órgano Revisor de la Constitución, el cual es responsable de aprobar y modificar la Carta Magna.

El conflicto surge a raíz de una orden judicial emitida por la jueza Nancy Juárez, quien suspendió provisionalmente la publicación de la reforma al Poder Judicial en el DOF. Esta reforma, promovida por el Ejecutivo Federal, contempla importantes cambios en la estructura y funcionamiento del sistema judicial mexicano, incluyendo la reorganización del proceso de selección y nombramiento de jueces y magistrados.

En su comunicado, la Consejería Jurídica calificó la resolución de la jueza como una “flagrante extralimitación” de sus competencias. Godoy argumenta que la jueza se ha atribuido indebidamente funciones que pertenecen exclusivamente al Constituyente Permanente, encargado de revisar y aprobar las reformas constitucionales.

“La actuación de la jueza es violatoria de la facultad soberana del Constituyente Permanente”, señala el oficio, destacando que la Constitución es clara al no permitir que los jueces interfieran en el proceso de reformas constitucionales.

Godoy añadió que la actuación de la jueza Juárez podría establecer un peligroso precedente, al permitir que decisiones de jueces de distrito interrumpan los procesos legislativos y constitucionales que son de exclusiva competencia del Congreso y las legislaturas estatales.

En el oficio, la Consejería Jurídica también solicita que la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tomen medidas para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro. En particular, se insta a la Ministra Norma Piña a que implemente las acciones necesarias para que jueces y otros funcionarios judiciales se abstengan de emitir resoluciones que suspendan la aplicación de reformas constitucionales.

Además, se pide que se active el Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Poder Judicial para investigar la actuación de la jueza Juárez y determinar si ha incurrido en alguna falta administrativa o de otra índole. Este sistema es el encargado de sancionar a los funcionarios del Poder Judicial que violen los principios legales y éticos en el ejercicio de sus funciones.

Este enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial llega en un momento delicado para el sistema político mexicano. La reforma al Poder Judicial ha sido uno de los temas más controvertidos en la agenda del gobierno, generando divisiones tanto dentro como fuera de los círculos judiciales.