Momentos después de haber terminado la misa dominical del 20 de octubre en la parroquia de Cuxtitali, ubicada en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, un par de hombres a bordo de una motocicleta asesinaron al sacerdote Marcelo Pérez Pérez, reconocido activista tzotzil.
Según datos preliminares confirmados por la Fiscalía General del Estado (FGE), el párroco viajaba solo en su camioneta Ford Titanium color blanco con rumbo a la Iglesia de Guadalupe. En el trayecto, Marcelo Pérez fue interceptado por dos sujetos, quienes descargaron múltiples balas en su contra y huyeron del lugar.
El religioso había sido víctima de amenazas y agresiones por parte de grupos criminales desde hace casi una década, por lo que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a las autoridades mexicanas que implementaran medidas de protección en su favor.
Un mes antes del crimen, el 13 de septiembre, Marcelo Pérez participó como uno de los principales impulsores de una marcha para exigir paz en Tuxtla Gutiérrez. Aquel día, el también defensor de los derechos humanos emitió declaraciones respecto al ambiente de violencia que impera en el estado.
“Es un mensaje contundente, claro, de que la violencia ya no se aguanta. El pueblo se está levantando, la Iglesia se está levantando ante esta avalancha de la violencia y desgraciadamente el Gobierno no sólo no hace nada, sino que niega sistemáticamente la existencia de la violencia”, dijo el sacerdote en una entrevista con el periodista Isaín Mandujano.
Aquel día fue la primera vez que las tres diócesis de Chiapas —la de Tuxtla Gutiérrez, la de Tapachula y la de San Cristóbal de las Casas— se unieron en una movilización para exigir un cese a la inseguridad.
“Cada vez hay más muertos, hay desplazados, hay secuestros, hay muchos desplazamientos en la zona Sierra, en Comalapa, en Chicomuselo y eso preocupa mucho”, añadió el párroco.
En el pasado mes de agosto, Marcelo Pérez reveló en otra entrevista con Mandujano que las organizaciones criminales incluso ofrecían dinero a cambio de asesinarlo.
“En Simojovel le pusieron precio a mi vida 150 mil, 400 mil, un millón de pesos, pero vivimos bajo la protección de Dios, hay mucha violencia pero seguimos construyendo la paz”, detalló en la conversación para El Heraldo de Chiapas.
“Siempre hay que organizarnos. Si no nos organizamos, si no nos levantamos, el crimen organizado va a entrar en los pueblos, en las comunidades, entonces ya no podríamos sacarlos. Ahorita es tiempo”, insistió el sacerdote en la marcha del 13 de septiembre.
Desde el año 2021, distintas regiones de Chiapas han vivido un recrudecimiento de la violencia derivada de la pugna entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por controlar el territorio.