La alcaldía Iztapalapa informó que fueron desmanteladas dos chelerías cercanas a las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) debido a que incurrieron en diversas violaciones.
A través de un breve posicionamiento, el gobierno local sostuvo que las chelerías clausuradas están ubicadas a 500 metros de la universidad.
Personal de la alcaldía se encargó de colocar los sellos de suspensión de actividades sobre las cortinas de los negocios que operaban irregularmente.
La clausura de las chelerías en Iztapalapa coincide con el anuncio que hizo la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien señaló que habrá un operativo de revisión de motocicletas y chelerías.
Brugada especificó que las medidas tendrán aplicación en el Centro Histórico, como parte un plan de reforzamiento de la seguridad en este cuadro de la ciudad.
“Vamos a reforzar la seguridad en el Centro Histórico, con 330 policías adicionales; haremos revisiones a motocicletas y chelerías; habrá un rediseño de cuadrantes de seguridad, un mejoramiento de las cámaras de videovigilancia y pondremos en marcha una estrategia contra la extorsión”, informó.
Conviene recordar que la semana pasada hubo un operativo en Eje 1 Norte, en el que tres chelerías que operaban de forma ilegal fueron desmantaladas.
En esa ocasión, la operación estuvo a cargo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en conjunto con personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública.
CDMX endurece medidas contra chelerías en vía pública
En el Congreso de la Ciudad de México, se ha aprobado una reforma que establece sanciones para quienes instalen chelerías en la vía pública. Esta medida, que modifica la Ley de Cultura Cívica de la capital, fue respaldada por 62 votos a favor y busca regular la venta de bebidas alcohólicas en las calles, permitiéndola únicamente en eventos como ferias, romerías o festividades autorizadas por las autoridades competentes.
Las personas que no cumplan con esta normativa enfrentarán diversas sanciones, que incluyen multas económicas, arrestos o la obligación de realizar trabajo comunitario. Las multas oscilan entre 21 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a montos de entre 2,171 y 3,257 pesos mexicanos. Alternativamente, los infractores podrían enfrentar arrestos de 25 a 36 horas o cumplir con 12 a 18 horas de trabajo comunitario.
Además, en el mismo contexto legislativo, se decidió imponer penas más severas para los propietarios de establecimientos que, tras ser clausurados, continúen operando. Estas penas incluyen de seis a 12 años de prisión y multas que van de mil a 5 mil días de multa.
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