
En medio de la discusión de las leyes secundarias que darán forma a las reglas y procedimientos de cara al procedimiento electoral de integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), el partido político Movimiento Ciudadano (MC) anunció que interpondrán una acción de inconstitucionalidad en contra del proyecto al considerar que no ha respetado el proceso legislativo.
Durante una breve comparecencia ante los medios de comunicación, el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República, Clemente Castañeda, criticó el proceso de insaculación realizado en la Cámara Alta para definir los cargos que serán elegidos en 2025. De igual manera, adelantó cuál será el recurso que interpondrá el instituto político al que pertenece.
“Creo que es impugnable y todos estos procedimientos que se han hecho sobre las rodillas, empezando por la propia reforma, son impugnables. Aprovecho para anunciar que, el día de mañana, Movimiento Ciudadano como partido político presentará también una acción de inconstitucionalidad y creo que la Corte tendrá que empezar a decidir sobre las impugnaciones que se presentarán a lo largo de estos días”, aseguró.

De acuerdo con su argumentación, el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial no ha concluido todavía y, a pesar de ello, ya se han encaminado procesos como la insaculación en el Senado de la República e, incluso, ya hay una fecha para la publicación de la convocatoria, la cual fue fijada para el próximo miércoles 16 de octubre de 2024.
“Son capaces de sacar una convocatoria sin que esté terminado el proceso legislativo que le da origen a esta renovación. Es una más de las contradicciones y deficiencias que tiene toda esta reforma judicial hecha a la carrera, sobre las rodillas, sin respetar plazos legales y, por supuesto, sin respetar la dignidad y la integridad de personas trabajadoras del Poder Judicial como si todas fueran necesariamente malas juzgadoras”, dijo.
Una acción de inconstitucionalidad es un procedimiento que permite a legisladores de cualquier instancia en México demandar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en los 30 días naturales posteriores a su publicación, la declaración de invalidez de una norma determinada. Cabe mencionar que para poder impulsarla, es necesario el respaldo del 33 por ciento de los integrantes de alguna de las Cámaras.
“El carácter abstracto de este procedimiento significa que para demandar la declaración de invalidez de una norma no es necesario probar que ha producido un daño específico; basta argumentar, hipotéticamente y de manera abstracta, cuál es la afectación que su vigencia provoca a uno o más artículos de la Constitución federal”, se indica en la página de internet de la Cámara de Diputados.
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