Dialogar con narcos para pacificar al país: esto opinaron diversos legisladores de los partidos

La reciente propuesta del diputado de Morena, Manuel Espino, de crear una Comisión Nacional de Pacificación y Reconciliación para dialogar con grupos del crimen organizado ha generado una fuerte ola de rechazo entre legisladores de distintos partidos, incluidos Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC).

La iniciativa busca promover el diálogo como una vía para pacificar el país, pero ha sido considerada inapropiada e inviable por sus críticos. Los políticos argumentan que el Estado debe reforzar la seguridad y llevar a los delincuentes ante la justicia. A pesar de las críticas, Manuel Espino defiende su iniciativa como una vía para alcanzar la paz, aunque enfrenta un fuerte rechazo político.

Desde el mismo partido de Espino, senadores como Pavel Jarero Velázquez (Morena) expresaron su rechazo a la propuesta; subrayó que dialogar con el crimen organizado es inaceptable.

En una entrevista con el diario El Universal, señaló que en lugar de establecer una comisión para este fin, se debe reforzar la presencia de las fuerzas federales en las zonas más afectadas por la violencia y enfocar los esfuerzos en la investigación y el control de estas actividades delictivas.

Antonino Morales Toledo, senador por Oaxaca, respaldó esta postura, recordando que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara en su estrategia de seguridad basada en la prevención y atención a las causas de la violencia, sin recurrir a diálogos con criminales. “Los delincuentes están fuera de la ley, y deben ser llevados ante la justicia”, afirmó.

La oposición también reaccionó contundentemente. Lilly Téllez, senadora del PAN, fue una de las voces más críticas, tachando a Espino de ser “vocero de los mafiosos” y afirmó que “con los narcos no se dialoga, se les detiene y se les lleva ante la justicia”. Estas declaraciones reflejan la postura de cero tolerancia al crimen organizado, una posición compartida por muchos legisladores.

Gustavo de Hoyos, diputado de Movimiento Ciudadano, también expresó su rechazo rotundo, calificando la propuesta de “absolutamente inviable”. Argumentó que el Estado no puede claudicar ante el crimen organizado y que, en cambio, se requiere una política de seguridad integral que incluya una mayor colaboración internacional, debido a la naturaleza transfronteriza de estos grupos delictivos.

Los legisladores también destacaron los riesgos que implica dialogar con el crimen organizado. Claudia Anaya, senadora del PRI, cuestionó la lógica detrás de la propuesta de Espino, preguntándose si realmente los delincuentes estarían interesados en abandonar su estilo de vida.

Recordó además que el Código de Procedimientos Penales ya ofrece ciertos mecanismos de entendimiento en casos específicos, por lo que no ve la necesidad de un diálogo tan arriesgado.

Por su parte, Federico Döring, diputado del PAN, lamentó que mientras la presidenta Sheinbaum rechaza dialogar con la Suprema Corte de Justicia, su partido busque conversaciones con grupos criminales. El diputado Héctor Saúl Téllez también se sumó a las críticas, afirmando que la propuesta de Espino debilita la estrategia de seguridad del gobierno federal y es un reconocimiento implícito del fracaso en combatir al crimen organizado en los últimos años.

A pesar de las críticas, Manuel Espino ha defendido su propuesta, argumenta que el diálogo es esencial para lograr la paz en el país. En una entrevista con el diario El Universal, el diputado morenista aseguró que sin diálogo no hay posibilidad de pacificar comunidades afectadas por la violencia.

Espino propone la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para explorar esta vía, pero la falta de apoyo político hace que su iniciativa enfrente un camino difícil.

El rechazo generalizado a la propuesta de Manuel Espino refleja el consenso político sobre la inviabilidad de dialogar con grupos criminales en México. Legisladores de diversos partidos subrayan la necesidad de combatir al crimen organizado con estrategias más enfocadas en la seguridad y el fortalecimiento de las instituciones, dejando de lado cualquier intento de negociación con estos grupos.