Nos encontramos a 49 días de que los trabajadores que integran el Poder Judicial de la Federación (PGJ) entraran en paro como forma de manifestarse en contra de la reforma presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Además del paro de actividades, otro de los efectos, de acuerdo con datos de la ministra Lenia Batres Guadarrama, son los más de 9 mil 251 millones 906 mil 286 pesos que se han perdido.
Por medio de su cuenta oficial en X, antes Twitter, publicó una gráfica en donde se puede observar de cuánto es el monto día a día que se pierde debido a que no se encuentran activos los juzgados y tribunales del poder, dando un total de 188 millones, 814 mil 414 pesos.
En términos simples, Batres indicó que se trata del desglose del mismo presupuesto que presentaron los tribunales y juzgados de distrito y que son pagados por los impuestos de los mexicanos, por lo que se mostró preocupada por la situación: “En 49 días de paro de labores en juzgados de distrito y tribunales de circuito del Poder Judicial de la Federación, se ha ocasionado un daño económico de 9,251 millones 906,286 pesos al erario”.
Del mismo modo, la ministra destacó que si se llega a extender el paro podría llegar a incrementar este número hasta unos 68 mil 917 millones 251 mil 195 pesos, lo cual sería un impacto importante para la economía del país.
Sheinbaum asegura que la reforma va
En su habitual discurso ante los medios, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló el 8 de octubre la reciente controversia generada en torno a la reforma del Poder Judicial, en particular la desaprobación manifestada por el Estado de Guanajuato. Durante su intervención, respondió a las críticas surgidas a raíz de la decisión del gobernador guanajuatense, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de impugnar la iniciativa del partido Morena ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El gobernador de Guanajuato, al ser el primer mandatario estatal en oponerse abiertamente a esta reforma, presentó una impugnación ante la SCJN, lo que marcó el inicio de una nueva fase de confrontación jurídica en torno a los cambios propuestos en el sistema judicial.
Sheinbaum, al ser cuestionada por los periodistas, reafirmó que la reforma judicial es un hecho consumado, señalando que su legitimidad proviene del respaldo popular expresado en las urnas. “Fue la voluntad popular expresada en las urnas, la elección va”, declaró enfáticamente.
Además, la presidenta adelantó que, el 7 de octubre, fueron enviadas las leyes secundarias para precisar la aplicación de la reforma, con el objetivo de garantizar que el sistema electoral cuente con los elementos necesarios para su correcta ejecución en las elecciones futuras. Enfatizó que no hay margen para que los ministros de la Corte puedan frenar la reforma. “No hay amparos o análisis que ocho ministros puedan poner sobre la mesa para impedir la reforma”, aseguró.