Estos son los tres delitos que sustentan las finanzas del Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato

Durante su primera conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que no es Sinaloa el estado más violento del país; dicha posición -enfatizó- corresponde a Guanajuato, entidad que durante su primer día de gobierno concentró 19 de los 80 homicidios dolosos documentados. Sólo unas horas después, autoridades dieron un golpe certero a la estructura del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), uno de los principales generadores de violencia en Guanajuato.

“Don Pedro” (Pedro “N”), fue detenido por elementos del Ejército Mexicano y de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención de la Guardia Nacional y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); es señalado por ser el jefe de plaza del CSRL en el municipio de Dolores Hidalgo; su jefa inmediata era Karem Lizbeth Yépez Ortiz (La Señora), hermana de José Antonio Yépez Ortiz (El Marro), fundador del grupo criminal preso desde agosto de 2020.

Además de su detención en poder de armas de uso exclusivo del Ejército, fuentes federales revelaron que “Don Pedro” era el encargado de tres delitos que sustentan la estructura financiera del CSRL en Guanajuato:

• Robo y venta de hidrocarburos extraídos ilícitamente de los ductos de PEMEX, recalcando que el llamado huachicol es el principal sustento con el que el CSRL se abastece de armamento de alto calibre y equipo táctico
• Extorsiones mensuales a autoridades gubernamentales, a quienes obligan a desviar recursos públicos
• Pago de cuotas a autoridades para que les permitan libre acción a los integrantes del CSRL

En un reporte que Petróleos Mexicanos envió a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, se establece que entre 2022 y 2023 la empresa mexicana perdió más de 40 mil millones de pesos por robo de combustibles; el primer año la merma fue de 12.6 mil barriles diarios, mientras que para el siguiente año la cifra ascendió a 15.4 mil barriles.

De todas las tomas clandestinas descubiertas en 2023, Hidalgo se ubicó en la cima del listado con mil 499 carpetas de investigación abiertas por huachicoleo; Guanajuato se posicionó en el puesto número ocho con 346 tomas ilegales.

No sorprende que la lista de las entidades con más huachicol la completen el Estado de México (mil 221), Puebla (mil 132), Veracruz (724), Nuevo León (630), Tamaulipas (484), Tabasco (387) y Jalisco (316), la mayoría de ellos en disputa por dos o más organizaciones criminales que quieren adueñarse del lucrativo negocio de ordeñar ductos de Pemex.

Esta disputa criminal por controlar el huachicol ha convertido a Guanajuato en el estado más violento del país y que de enero a agosto de 2024 ya suma 2 mil 452 homicidios, de los cuales mil 630 han sido calificados como dolosos.

Guanajuato además tiene a cinco de sus municipios entre la lista de los 50 objetivos prioritarios en materia de seguridad por la cantidad de homicidios dolosos: León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Apaseo el Grande.

Esta semana, después de 16 años en el cargo, renunció el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa; sin embargo, se mantendrá en el carga hasta el 1 de enero de 2025, dejando una estela de impunidad del 95.3 por ciento, según datos recopilados por la organización México Evalúa, en su índice de impunidad estatal 2022.