AMLO superó a Calderón: cierra su sexenio con más crímenes de Estado que durante la “guerra contra el narco”

El 15 de octubre de 2019 tres camionetas con civiles armados se toparon de frente con un convoy del Ejército Mexicano; un militar que iba en el vehículo de avanzada tenía en sus manos una metralleta capaz de realizar 800 tiros por minuto, aunque no logró vaciar su arma antes de ser asesinado, los disparos que hizo fueron suficientes para acabar con la vida de 14 presuntos integrantes de Guerreros Unidos: la masacre de Tepochica, Guerrero, se catalogó como la primera ejecución extrajudicial a manos de las Fuerzas Armadas en la era de la 4T; aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió un oficio de queja por los hechos, el caso se reservó por cinco años y el discurso de “no somos iguales” de AMLO comenzó a tambalearse.

Justo al final de su administración y contrario a su promesa de campaña, el Congreso de la Unión discutió y aprobó la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se consolide el paso de la Guardia Nacional a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); los políticos afines al partido en el poder afirman que no es militarización y respaldan el discurso presidencial que apunta que la medida garantizará que la institución no se “pudra” como ocurrió con la Policía Federal.

“En México no hay desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales ni tortura”, lanzó la senadora Andrea Chávez en defensa de la reforma a la Guardia Nacional.

Las declaraciones de la senadora por Chihuahua coinciden -son una calca- de las pronunciadas por AMLO durante su conferencia mañanera del 26 de agosto de 2024: “No desaparecimos a nadie, no se torturó a nadie, no hubo masacres, no reprimimos, no somos iguales, así de sencillo”.

Infobae México platicó con Paris Martínez y Jacobo Dayán, autores del libro Permiso para Matar: una investigación sobre los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, quienes consultaron más de 60 mil documentos periodísticos, académicos y reportes oficiales en los que encontraron mil 824 asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por autoridades desde el año 2007 y hasta el cuarto año de la administración de AMLO (2022).

Los autores recalcan que la muestra encontrada no refleja el total de los crímenes de Estado cometidos en estos 15 años de estudio, no obstante, señalan que la administración de Enrique Peña Nieto fue en la que más delitos (denuncias) se presentaron con 808 casos documentados en 31 estados del país; en la lista sigue la administración de Felipe Calderón con 494 asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a fuerzas estatales y federales cometidas en 29 estados; AMLO ocupa el tercer puesto con 489 delitos de esta índole cometidos en 30 entidades, pero sólo en cuatro años de análisis.

A estas cifras se deben sumar las 14 ejecuciones extrajudiciales cometidas en todo el 2023 contra personas defensoras de derechos humanos denunciadas por el Comité Cerezo México; en toda la administración de AMLO, la organización documentó 93 casos, con el pico más alto ocurrido en 2021 (25 casos).

También se tienen que sumar los casos de ejecuciones durante presuntos enfrentamientos en los que estuvieron involucrados militares y agentes de la Guardia Nacional, por ejemplo:

• La ocurrida el 18 de mayo de 2023 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde militares se “enfrentaron” contra presuntos integrantes del Cártel del Noreste y que terminó con la muerte de cinco jóvenes que, según la versión oficial, dispararon contra los elementos del Ejército, pero que exámenes balísticos y videos revelaron que no fue así.
• El 26 de abril de 2024, también en Tamaulipas, Jesús Fernando Cruz Flores fue asesinado por militares que le dispararon al vehículo en el que viajaba por mostrar una “actitud evasiva” y “frenar de manera intempestiva”; uno de los sobrevivientes del ataque afirmó que los efectivos del Ejército los persiguieron y les dispararon de manera arbitraria y en claro ejemplo del uso excesivo de la fuerza.
• En junio pasado elementos de la Guardia Nacional fueron captados en video en una vecindad de Celaya, Guanajuato, minutos antes de que se perpetrara una masacre que cobró la vida de cuatro mujeres y dos niños. El caso aún se investiga.

Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia el número de personas desaparecidas en México era de 53 mil 296; al cierre de su sexenio, la cifra alcanza los 115 mil 435 personas desaparecidas y no localizadas, según información de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

El incremento de personas desaparecidas también devino en un aumento de fosas clandestinas halladas a lo largo y ancho del país; sólo entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de abril de 2023 se contabilizaron 2 mil 863 entierros ilegales, mientras que de 2006 a la llegada de AMLO a la Presidencia, la cifra fue de 2 mil 835.

La crisis de desaparecidos y fosas clandestinas motivó la parición de 84 colectivos entre 2006 y 2022 (con información de Permiso para Matar) que concentraron a decenas de familias de víctimas de la violencia cometida por grupos criminales y, en algunos de los casos, en colusión con autoridades municipales, estatales y federales.

Contrario a las palabras del todavía presidente, en enero de 2020 la Guardia Nacional -la policía militar de AMLO y que pasará a ser la principal aliada de Claudia Sheinbaum- secuestró a Alfredo Barrios Blanco, un joven de 22 años que se dedicaba a la pizca de limón. Su madre Eufrosina dijo esto a los periodistas Jacobo Dayán, Paris Martínez y Daniel Moreno:

El Estado mexicano sigue desapareciendo, ya sea a través del uso de las Fuerzas Armadas o con el poder de un nuevo censo en el que se presuma que los desaparecidos ya fueron encontrados, sin importar que no sea así. En diciembre de 2023 AMLO afirmó categórico que no eran más de 110 mil desaparecidos en México sino sólo 12 mil 337; de inmediato la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) lo rectificó y dijo que había 92 mil.

Data Cívica y Animal Político revisaron el “error” de AMLO, identificando que se produjo porque afirmaron que sólo había 12 mil 337 denuncias confirmadas; además, en el nuevo censo el Gobierno dijo haber encontrado a 16 mil personas reportadas como desaparecidas, pero no difundieron sus nombres por lo que no fue posible corroborar los hechos; 17 mil 843 dijeron que ya estaban ubicadas, pero en realidad siguen como desaparecidas; y 62 mil denuncias se consideraron como inválidas por estar incompletas. Lo ciento es que la CNB sigue buscando a más de 92 mil personas.

De manera coincidente, la Ciudad de México fue la entidad donde más nombres se borraron (43 por ciento); colectivos de búsqueda acusaron un uso electoral de los desaparecidos para maquillar cifras de cara a las elecciones presidenciales y favorecer al gobierno entrante. Algunas madres como Araceli Rodríguez denuncia que su hijo Luis Ángel León Rodríguez -comandante de la policía federal desaparecido en 2009- no aparece en los censos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas: lleva más de 15 años desaparecido y el gobierno de AMLO lo desapareció por segunda ocasión.