En el marco del décimo aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, el clamor de las familias de las madres y padres es el mismo: “Vivos los queremos”.

Dos sexenios concluidos, el de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador, sin respuestas, incluso con más dudas que al principio, dando pie a especulaciones de todas partes, hasta del mismo gobierno con la supuesta “verdad histórica” y el “no fue el ejército”; promesas incumplidas.

En ese vaivén (des)informativo una de las revelaciones que surgió a partir de lo ocurrido aquel 26 de septiembre de 2014, fue que el grupo criminal de Guerreros Unidos estuvo detrás de la desaparición de los estudiantes, pero lo hizo bajo el amparo de autoridades gubernamentales, policías municipales y estatales, ministeriales, así como con elementos del Ejército Mexicano.

Dicha teoría señala que la disputa territorial entre dos grupos delincuenciales para controlar el trasiego de goma de opio hacia los Estados Unidos, fue en parte, lo que detonó el trágico final de los estudiantes.

En ese momento, Iguala, era una zona caliente, controlada por el cártel de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana quienes, como hasta hoy, aún disputan el control del cultivo de amapola en las montañas de Guerrero.

Los Beltrán Leyva estaban asociados con diversos cárteles locales, entre ellos “Los Ardillos”, “Los Tequileros” y “Los Rojos”, quienes a su vez tenían una disputa con Guerreros Unidos, ligados a La Familia Michoacana.

Ante dicho escenario, los normalistas, de entre 17 y 25 años, fueron confundidos con miembros de grupos criminales, posteriormente fueron asesinaron y entregados a la policía local quienes los desaparecieron e incineraron por órdenes militares.

Ante tal situación, aunado al reclamo social por lo acontecido, el gobierno federal implementó operativos para determinar quién, cómo, por qué, cuándo, a qué hora, dónde y quiénes fueron los culpables de semejante masacre.

Como resultado de las acciones emprendidas por la federación casi logra la detención de varios miembros de la mencionada organización, entre ellos, Benjamín Mondragón Pereda, alias “El Benjamón”, uno de sus líderes.

Días después, el 14 de octubre del mismo año, se reportó la muerte de Mondragón Pereda, que murió en un enfrentamiento con fuerzas federales, en el municipio de Jiutepec, Morelos, “El hombre se encontraba en un tiroteo con los policías federales cuando se suicidó” -tras negociar la liberación de su esposa embarazada-, reveló en conferencia de prensa, el entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido García.

Según la Comisión para la Verdad, se trató de la primera persona ligada al caso Ayotzinapa que perdió la vida y que poseía información detallada acerca del incidente: pieza clave del vínculo gubernamental con Guerreros Unidos.