A través de su sitio web oficial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán publicó un documento titulado Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días, el cual incluye un breve diagnóstico con los asuntos que serían prioritarios en la primera etapa del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta.
El reporte tiene fecha de septiembre de 2024 y fue elaborado, aparentemente, por mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En las primeras páginas del archivo se especifica que los objetivos para los primeros tres meses del próximo gobierno son: disminuir la incidencia de homicidios dolosos y delitos de alto impacto, mejorar la percepción ciudadana sobre la actuación el gobierno ante hechos violentos, neutralizar generadores de violencia y redes criminales y, finalmente, pacificar al país.
Para la consecución de tales metas, las autoridades contemplan una serie de estrategias como el fortalecimiento de labores de inteligencia e investigación, el robustecimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la coordinación integral entre miembros del gabinete.
Acorde con el documento, se pretende consolidar un Modelo Unificado de Atención a Delitos de Alto Impacto, el cual permitiría:
- Realizar un diagnóstico regional del fenómeno de la violencia, mediante un análisis de las redes criminales y su protección institucional, así como la homologación de la metodología para clasificar los homicidios ligados al crimen organizado.
- Implementar acciones de prevención focalizada con presencia interinstitucional en zonas de mayor incidencia, un programa de atención la extorsión y cobro de piso, acciones para fomentar la denuncia y el desarme ciudadano, verificación administrativa en negocios como bares y cervecerías, operativos para detectar vehículos robados e integración de programas sociales con participación ciudadana.
- Coordinar labores de inteligencia, investigación, judicialización y detención estratégica a través de la identificación de liderazgos de todos los niveles en los grupos criminales, una estrategia ‘de ajedrez’ para anticipar acciones violentas tras a detención de objetivos prioritarios y un programa de recompensas para generadores de violencia con órdenes de aprehensión.
Dentro de los temas considerados prioritarios destaca la identificación de diez municipios que concentran una cuarta parte (25.3%) de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada registrados en todo el país: Colima, Tijuana, Acapulco, Celaya, Cajeme, Ciudad Juárez, Tlajomulco de Zúñiga, Chihuahua, León y Benito Juárez.
En el arranque de su administración, el gabinete de Sheinbaum Pardo atenderá primordialmente seis de estos territorios: Tijuana (Baja California), León (Guanajuato), Celaya (Guanajuato), Acapulco (Guerrero), Benito Juárez (Quintana Roo) y Colima (Colima).
Asimismo, el diagnóstico incluye como un asunto de alta relevancia la extorsión a productores de limón en el estado de Michoacán, una actividad ilícita que múltiples grupos criminales han mantenido en años recientes para financiar sus enfrentamientos con organizaciones rivales en las disputas territoriales.
Finalmente, se contempla la situación de violencia que prevalece en el estado de Chiapas, producto de la pugna entre el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En este rubro, se prevé implementar programas de bienestar, operativos de seguridad permanentes como mecanismo de prevención y acciones de desarrollo comunitario para la construcción de paz.